La suegra de Jesulín queda en libertad provisional tras declarar por el fraude a la Seguridad Socia l

El juez ha imputado a 21 personas por beneficiarse o facilitar pensiones irregulares

Remedios Torres Jiménez, suegra del torero Jesulín de Ubrique, quedó ayer en libertad provisional tras prestar declaración durante más de dos horas ante el juez que investiga el fraude a la Seguridad Social destapado en Cádiz. Torres fue detenida como supuesta beneficiaria de una baja por incapacidad, presuntamente comprada por su hija, María José Campanario, en libertad provisional con cargos, tras haber pagado una fianza de 12.000 euros. Con la imputación de la suegra de Jesulín, la cifra de implicados en el fraude se eleva ya a 21 personas.

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Remedios Torres fue detenida por la Guardia Civil en la mañana del jueves, cuando se presentó de forma voluntaria en la Comandancia de Cádiz. La suegra de Jesulín, que reside en Cartagena (Murcia), fue avisada por la propia Guardia Civil de que tenía que declarar ante los investigadores y el juez. Aunque Remedios Torres fue detenida, fuentes de la investigación explicaron que al no poder pasar a disposición judicial ese mismo día y al considerar que no existía riesgo de fuga se optó por dejarla en libertad, con la obligación de que compareciese ayer ante el juez que instruye el caso.

La suegra de Jesulín llegó ayer a las 10.00 al Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, donde empezó a declarar al mediodía. Casi dos horas y media después, salió de los juzgados por la puerta de atrás acompañada de su abogado, José Vélez, y abandonó la zona en su vehículo privado. Algunos curiosos concentrados a la salida le dirigieron insultos. En la jornada de ayer también fue detenida María Pilar Bravo Ristori, otra presunta beneficiaria de una baja fraudulenta. El juez también dejó a Bravo Ristori en libertad provisional con cargos y sin fianza.

En la trama desarticulada por la Guardia Civil, han sido imputadas hasta el momento 21 personas, entre ellas figuran María Jesús Campanario y su madre Remedios Torres, además de Isabel Gil Borrego, que se hizo pasar por la anterior en una revisión médica para facilitar la concesión de la baja.

La única persona que ha ingresado en prisión por esta trama ha sido Francisco Castro, inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, y uno de los máximos responsables de la organización. De los imputados restantes, cuatro han quedado en libertad provisional bajo fianza y 16 en libertad provisional con cargos.

Para eludir la prisión han pagado fianzas Miguel Ángel Fernández, un trabajador que supuestamente compró una de las bajas falsificadas; Manuel Gómez, ex jefe Policía Local de Prado del Rey, quien supuestamente obtuvo una baja por invalidez para su propio beneficio; Rufino Mundéjar, un médico de una mutua de la capital gaditana que evitó su ingreso en prisión tras el pago de 3.000 euros, y la ya mencionada María José Campanario.

Relaciones familiares

El juez dictó libertad provisional con cargos y sin fianza para Mª Paz Cañero Cuadrado, secretaria personal del primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco; José Luis López, un conocido empresario de Ubrique que supuestamente habría buscado clientes para la compra de los informes médicos falsos; María Dolores García, funcionaria de un centro de salud del SAS de la localidad de San Fernando (Cadiz); Luis Carretero, un médico de un centro sanitario concertado de la provincia gaditana; y Mercedes D.C., una tercera funcionaria del SAS.

A estos imputados se suman otros once más, entre los que se encuentran la suegra de Jesulín, la mujer que la suplantó, Isabel Gil Borrego, y Carmen Cuadrado Rodrigo, que es la madre de Mª Paz Cañero Cuadrado, secretaria del ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco.

Esta operación judicial, que arrancó tras el desmantelamiento de la trama que defraudó más de 40 millones a la Agencia Tributaria mediante facturas falsas en el sector de la marroquinería de Cádiz, sigue abierta y podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días.

60 millones defraudados

Los 13 detenidos en la trama de las facturas falsas desarticulada en el sector de la marroquinería de la Sierra de Cádiz han defraudado a Hacienda en las declaraciones de IVA y de Impuestos de Sociedades 60 millones de euros. Según la Agencia Tributaria, además del delito fiscal, puede confirmarse la posible comisión de "delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil".

El cabecilla de la trama, Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, se dedicaba a la creación sucesiva de empresas pantalla y emisora de facturas falsas utilizando testaferros insolventes y, en algunos casos, indigentes.

Asimismo, a Carretero "se le han incautado más de 750.000 euros", entre dinero en metálico y pagarés, en diversas cajas fuertes encontradas "en los múltiples registros domiciliarios" que han llevado a cabo funcionarios de Vigilancia Aduanera. Hasta el momento, se han realizado 10 registros en empresas y sociedades del sector de la piel y en inmobiliarias vinculadas a la trama de las facturas falsas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 28 de abril de 2006.

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