La Junta reclama al Gobierno que le pague la atención a 135 "víctimas del tabaquismo"

La Junta de Andalucía ha reclamado al Estado el "reembolso" de 1.769.964 euros por los gastos derivados de la atención hospitalaria de 135 pacientes "víctimas del tabaquismo", diagnosticados de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. La presentación del requerimiento, dirigido al Ministerio de Economía y Hacienda, se justifica como "paso previo y necesario en orden a demandar a las tabacaleras" por la vía contencioso-administrativa. Éste es el último cartucho jurídico que le resta a la Junta en su pelea contra seis tabacaleras, tras el cierre de la vía civil en enero pasado.

El pleito iniciado en 2002 por la Junta de Andalucía contra seis tabacaleras

(Altadis, British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands) por la vía civil se zanjó tras pasar cuatro años enzarzado en cuestiones formales. El 16 de enero de 2006, la Audiencia de Madrid enterró esta vía definitivamente al considerar que la participación del Estado en la comercialización del tabaco a través de Tabacalera (la actual Altadis) obligaba a trasladar la demanda a la vía contencioso-administrativa. Como resultado, la Junta se ve obligada a comenzar un nuevo pleito contencioso-administrativo, que irá dirigido contra las seis tabacaleras y la Administración estatal, aunque esta demanda será presentada cuando el Gobierno rechace la reclamación económica formulada el pasado martes 4 de abril.

El Juzgado de Primera Instancia número 68 entendía que el Estado participó a través de Tabacalera en la comercialización del tabaco, ya que mantuvo "el monopolio en la venta al por menor" a través de expendedurías de tabaco y timbres, consideradas legalmente "concesionarias del Estado dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda".

La Junta justifica la presentación del recurso como "paso previo y necesario en orden a demandar a las tabacaleras

caso de que el mismo no fuese atendido". En el escrito dirigido al Ministerio de Economía y Hacienda, se solicita que se "reconozca el derecho de la Administración de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud a ser reembolsadas solidariamente de los gastos provenientes del coste sanitario generado como consecuencia de los ingresos hospitalarios".

Los 1.769.964 euros reclamados

al Gobierno se deben a la atención sanitaria de 135 pacientes "víctimas del tabaquismo y con motivo precisamente de alteraciones en su salud producidas como consecuencia de su adicción a tal producto". Los enfermos, tratados en los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Virgen Macarena, fueron diagnosticados de cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Junta considera "cierta" la existencia de "un nexo causal entre el tabaco y el daño a la salud" y considera a las tabacaleras como responsables directas de estos perjuicios.

"La actividad comercializadora de las empresas demandadas, recae sobre un producto de consumo no sólo perjudicial para la salud, sino además adictivo para el consumidor, con lo que resulta evidente que frente al resto de las empresas que ofrecen al mercado sus productos, las tabacaleras actúan con la ventaja que les supone contar con una estable base de mercado consumidor, pues la adicción garantiza fidelidad al producto y ello con independencia de las marcas", esgrimen en el requerimiento.

En el escrito, diferencian entre la reclamación de un enfermo "por la lesión que se le causa en su derecho a la salud" de la que puede impulsar la administración sanitaria "en orden a la recuperación de los costos económicos generados por la prestación de la asistencia sanitaria que se le haya dispensado para recuperar su salud".

La petición andaluza se sustenta, según el escrito, en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad y el apartado 127.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, además de aludir al principio jurídico de "quien con su acción se enriquece causando daño debe reparar el causado".

Tras repasar el periplo jurídico seguido por la demanda contra seis tabacaleras entre 2002 y 2006, la Administración andaluza justifica su "acción de reembolso" frente al Estado por el agotamiento de los recursos ordinarios y la resolución firme de la Audiencia de Madrid, que cerró la vía civil.