Las instituciones vascas sostienen que la ley de Dependencia invade sus competencias

El Gobierno, las tres diputaciones y Eudel, la asociación que congrega a todos los municipios vascos, se sumaron ayer para criticar en una comparecencia institucional en Vitoria el anteproyecto de ley de Dependencia elaborado por el Ejecutivo central, al considerar que "invade claramente" las competencias que le corresponden a la comunidad autónoma en materia de servicios sociales. En una declaración completamente inusual por la presencia de partidos de muy diferente signo (estaban representados Ezker Batua, el Partido Popular y el PNV), las tres administraciones advirtieron de que el anteproyecto "excede con mucho los límites" que la Constitución concede al Gobierno central.

El anteproyecto de ley de Dependencia, cuyo objetivo es garantizar los derechos del millón de españoles que no pueden valerse por sí mismos, consiguió reunir en torno a la misma mesa y con un mismo discurso a partidos tan enfrentados en política social como el PP, el PNV y EB. Pese a tratarse de un anteproyecto y de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se encuentra en permanente fase de consultas con las comunidades, las instituciones vascas han marcado su territorio. La lectura de la declaración congregó en la sede del Ejecutivo en Vitoria al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo (EB); el presidente de Eudel, Karmelo Sainz de la Maza (PNV), y los tres diputados de Bienestar Social: la alavesa Ainhoa Domaica (PP), el vizcaíno Juan María Aburto (PNV) y la guipuzcoana Esther Larrañaga (PNV).

La declaración reconoce que la ley es necesaria, pero sólo para regular las condiciones esenciales o básicas que permitan hacer efectiva la igualdad. En ningún caso, opinan sus firmantes, debe habilitar al Estado para establecer un amplio conjunto de regulaciones como prevé el anteproyecto.

Además del malestar por "la invasión competencial", la declaración asegura que el anteproyecto "fracasa" en el intento de ofrecer una respuesta integral a las personas dependientes, ya que ofrece únicamente soluciones y medidas en el campo de los servicios sociales, dejando al margen otros ámbitos de actuación, como son la sanidad y el sistema de pensiones.

Los tres niveles institucionales critican además las previsiones financieras de la ley. "El texto es confuso por lo que tiene que ver con las aportaciones de las diferentes administraciones y la manera de fijarlas y llevarlas a cabo", se indica.

El anteproyecto prevé la participación económica de los destinatarios del servicio en el copago de las prestaciones, pero resulta "sumamente impreciso". "No queda suficientemente establecida y garantizada la aplicación de principios y criterios de equidad, progresividad y no exclusión que deben aplicarse en un sistema que se pretende universal y basado en el reconocimiento de derechos". Además, las instituciones vascas creen que el texto también es "confuso" respecto a las aportaciones de las diferentes administraciones. "No nos parece aceptable que unos servicios de esta envergadura e importancia se financien a través de convenios anuales entre la Administración del Estado y las autonomías". En el caso de Euskadi, reclaman que se valoren los servicios que están asumiendo las administraciones vascas a la hora de calcular el futuro Cupo.

Con respecto a los 200 millones de euros que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa este año

para poner en marcha el denominado Sistema Nacional de Dependencia, las tres administraciones muestran su "preocupación" por su posible exclusión de este fondo. "Nos encontraríamos en una situación de clara inferioridad porque aún no se ha definido la fórmula de financiación para Euskadi, si vía Cupo o con aportaciones directas del Estado", apuntó el diputado de Vizcaya, Juan María Aburto.

A pesar de los reproches, la declaración concluye con un respaldo a una ley que sea respetuosa con las competencias autonómicas y con el compromiso de colaborar "activamente" con la Administración central en el debate, elaboración e implementación de la futura norma.

De igual forma, se hace constar la voluntad de las instituciones de Euskadi de intensificar un trabajo conjunto para que, antes de que finalice la legislatura, se pueda aprobar una nueva ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma.