El ministerio replica que "es el momento de hacer sugerencias"
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales recibió ayer con sorpresa las críticas de las instituciones vascas. Fuentes del departamento que encabeza Jesús Caldera aseguraron que el anteproyecto se halla en periodo de consultas y en una fase de diálogo "permanente" con todos los implicados. "Es el momento para que las comunidades hagan sus sugerencias y para explicar mejor las cosas", insistieron. En esta línea, recordaron la entrevista que mantendrá la próxima semana la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, con el consejero Javier Madrazo para profundizar en los aspectos que no hayan quedado claros para Euskadi.
Estos medios rechazaron que el anteproyecto invada competencias del País Vasco "ni de ninguna otra comunidad". "El texto tiene una lectura de alta precisión constitucional. La ley garantizará una serie de prestaciones y después serán las comunidades las que las gestionarán. Se trata de crear un nuevo derecho de ciudadanía y de establecer un Sistema Nacional de Dependencia equivalente al Sistema Nacional de Salud o el de pensiones", recalcaron.
Sobre los reproches a la ambigüedad del anteproyecto, estas fuentes puntualizaron que lo que hay ahora es un texto "general". "Luego vendrán las matizaciones y precisiones para hacer un proyecto que resulte lo más concreto posible".
Con respecto a los 200 millones de euros que el Gobierno central destinará este año a proyectos piloto y de los que, en principio, no recalará ninguna partida en Euskadi, los medios consultados del ministerio recalcaron que no se puede hablar de que ese dinero sea una financiación propiamente dicha de la ley.
50.000 ciudadanos
"Cuando se apruebe la norma se establecerá la financiación, pero ahora no. El Gobierno vasco y Navarra ya se descuentan a través del Cupo de los servicios que prestan".
En la actualidad, cerca de 50.000 ciudadanos vascos no pueden valerse por sí mismos. Euskadi tiene un índice de cobertura de las personas dependientes mayores de 65 años del 12%. Esta cobertura se realiza bien a través de residencias, de ayuda domiciliaria o de centros de día. Este nivel supera el 10% de la media estatal, según recalcaron ayer las administraciones vascas, que recientemente replicaron al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por unas declaraciones en las que aseguró que Euskadi se encontraba por debajo de la media. Al descender al análisis por territorios, la realidad muestra algunas diferencias. Álava es la que cuenta con una cobertura más alta, llegando al 15%.
El diputado vizcaíno de Asuntos Sociales, Juan María Aburto, indicó que para este año su territorio destinará 120 millones de euros a cubrir las necesidades de las personas dependientes, lo que supone 80 millones más de lo que fija como conveniente para Vizcaya el anteproyecto ministerial.
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