La Generalitat admite su fallo en el caso de la niña de Barcelona

La Consejería de Bienestar y Familia catalana admitió su error en el el caso de la niña maltratada de Barcelona. Asimismo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, abrió ayer diligencias informativas para esclarecer la actuación de los diferentes juzgados en una agresión anterior que sufrió la niña de cinco años que se encuentra en estado muy grave a consecuencia de los malos tratos supuestamente propinados por el compañero de su madre, Francisco Javier P. E., de 32 años, en prisión por tentativa de asesinato. La madre está en libertad con el mismo cargo.

La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, reconoció ayer que se cometieron errores en este caso y aseguró que "cuando pasan cosas como ésta, es evidente que se ha producido algún fallo por parte de la Administración". Simó lamentó que no se detectase a tiempo que el peligro para la niña estaba en su propio domicilio y no en casa de su padre biológico, al que la madre atribuyó los malos tratos.

La justicia y la policía creyeron desde el primer momento la versión de la madre y nadie cuestionó que en realidad, el supuesto agresor del primer episodio de maltrato fuese su compañero sentimental. "Se cometió un error de evaluación, un error que se ha de evitar en casos posteriores", dijo Simó. La Generalitat ha retirado la tutela a la madre y ha iniciado el proceso para que, si la niña salva su vida, la pueda acoger otra familia.

En la apertura de las diligencias acordadas ayer por la presidenta del Tribunal Superior catalán se reclama al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, que informe sobre su actuación en este procedimiento, que actualmente se encuentra en un juzgado de Fraga (Huesca). También se reclama al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cerdanyola del Vallès, que remita una causa con hurto que fue finalmente archivada y en la que la ex esposa del supuesto agresor de la niña relata en una declaración policial que el hombre maltrataba a la niña. Al margen de esas actuaciones para esclarecer la actuación de los jueces ayer trascendieron nuevos datos que revelan la descoordinación policial y judicial. El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona recibió el parte médico del hospital del Vall d'Hebron el 24 de diciembre, cuando se encontraba de guardia. Ese mismo día ordenó investigar a los Mossos d'Esquadra. La decisión del juez fue remitida por correo ordinario y llegó a los Mossos d'Esquadra el 10 de enero. Es decir, al cabo de 17 días. Fuentes judiciales explicaron ayer que lo más apropiado hubiera sido que el juez remitiese su oficio por fax a la policía, teniendo en cuenta, además, que el parte médico advertía que las lesiones de la niña eran graves -fractura del húmero derecho y equinosis múltiple- y eran compatibles con malos tratos. Al margen de la demora, los Mossos, que son la policía competente en Barcelona desde 2000 para investigar los casos que afectan a menores, decidieron inhibirse al cabo de dos días. El argumento que emplearon es que el cuerpo competente en Montcada i Reixac, donde vivía la niña, era la Policía Nacional y así se lo dijeron al juez por fax el 12 de enero. Ante esta respuesta, el juez se dirigió entonces a la policía, también por correo ordinario. La carta llegó a la comisaría de Montcada el 25 de enero, explicaron fuentes policiales. Tras la investigación policial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona acordó inhibirse en favor del juzgado de Fraga, por ser allí donde supuestamente pasaron los hechos, según la madre, cuando la niña pasaba el fin de semana con su padre biológico, del que está separada.