El Gobierno argentino refuerza su control sobre el poder judicial

El Congreso argentino se dispone a votar hoy una polémica reforma de la magistratura que, según denuncian la oposición y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, puede suponer el fin de la independencia del poder judicial que garantiza la actual Constitución, reformada en 1994. De salir adelante, el Ejecutivo tendrá el control sobre la carrera judicial, su funcionamiento y el nombramiento de jueces.

El proyecto, aprobado ya en el Senado y cuyo principal valedor ha sido la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente, Néstor Kirchner, establece que en el Consejo de la Magistratura, órgano que regula la carrera judicial y tiene a su cargo la designación y destitución de jueces, tendrán mayoría los representantes políticos -legisladores en activo y un delegado directo del Gobierno- sobre los profesionales del Derecho, ya sean jueces, abogados o académicos. Según el texto, en lo alto de la carrera judicial estarán siete políticos en activo por seis profesionales, lo que supone en la práctica la vuelta al sistema anterior a 1994 donde el poder político -en una alianza entre Ejecutivo y Legislativo- controlaba al poder judicial.

La oposición advierte de que nada impedirá que los seis puestos reservados a los legisladores sean ocupados por partidarios de Kirchner, quienes unidos al delegado del Gobierno en el Consejo -obviamente nombrado por el presidente-, darán al mandatario argentino el control total sobre los jueces. Los juristas denuncian que la reforma va directamente contra el artículo 114 de la Constitución argentina, que garantiza de forma explícita "el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".

En la polémica también ha entrado la organización Human Rights Watch (HRW), que el pasado 9 de febrero se dirigió directamente a Kirchner señalándole que la reforma auspiciada por Cristina Fernández "podría debilitar la independencia judicial prevista en el orden constitucional". En una carta, el director ejecutivo de la organización, José Miguel Vivanco, pide a Kirchner que vete la reforma en el caso de que el Congreso apruebe la versión que se presenta hoy ante la Cámara. Otras organizaciones argentinas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), también han expresado su preocupación por la reforma judicial.

El líder opositor Mauricio Macri, del centro-derechista Propuesta Republicana (PRO), calificó ayer de "disparate" el proyecto y anunció que sus diputados votarán en contra. Con el mismo término se expresó la candidata peronista -derrotada en las elecciones de octubre precisamente por Cristina Fernández- Hilda Duhalde, quien no obstante ha visto cómo varios diputados que hasta hace poco eran seguidores de su marido, el ex presidente Eduardo Duhalde, han cambiado de bando y hoy votarán a favor del proyecto. Desde el Ejecutivo se ha recordado que las reformas efectuadas por el Gobierno de Kirchner sobre el poder judicial -como la renovación de cargos en la Corte Suprema- han sido elogiadas por su transparencia.

En total se necesitan 129 votos a favor de los 257 diputados que forman la Cámara baja para que el texto salga adelante, y en el oficialismo ayer había confianza en que no hubiera sorpresas. Y eso a pesar de que algunos diputados presuntamente aliados del Gobierno, como los cinco diputados del Frente Nuevo de Córdoba, anunciaran su voto negativo. Los "juecistas", como se les conoce por ser seguidores del intendente cordobés Luis Juez, han hecho propias las palabras de su líder, quien ha calificado de "mamarracho" el proyecto. Paradójicamente, y a pesar de descalificar y votar en contra de la iniciativa presidencial, Juez se autoproclama kirchnerista. En total, Kirchner cuenta con 118 legisladores afines, pero su entorno considera que no habrá problemas en conseguir 11 más.