Un tribunal abre la vía para juzgar a Videla por la Operación Cóndor

La justicia argentina decretó ayer prisión provisional para el ex general Jorge Rafael Videla, de 80 años, su ex ministro de Interior Eduardo Harguindeguy (77) y 10 altos cargos de la dictadura militar (1976-1983) por su implicación en la Operación Cóndor. Ésta consistió en un acuerdo de colaboración que desarrollaron varias dictaduras latinoamericanas para hacer desaparecer o entregar a los opositores a los regímenes militares en cada país.

La resolución emitida por la Cámara federal ordena además el procesamiento de otros militares y altos cargos investigados por su participación en la represión como Ramón Díaz Bessone, el ex gobernador Domingo Bussi, y el ex comandante Luciano Menéndez. Tres magistrados federales estamparon su firma en el documento que abre la vía al juicio oral contra los acusados y que, además de su confinamiento -que variará según las condiciones físicas y de edad de los procesados-, decreta el embargo de bienes por valor de hasta un millón de pesos argentinos, unos 350.000 euros.

Los altos jefes de la dictadura citados por los jueces ya están bajo arresto por otros procesos, aunque en su mayoría permanecen en sus domicilios al superar los 70 años de edad. Los acusados habían sido procesados en 2004 por el magistrado Jorge Urso por la misma causa. La decisión adoptada ayer por la Cámara Federal lo que hace es ratificar las medidas decretadas por el juez federal y dar vía libre al juicio.

El acuerdo entre las dictaduras militares de Suramérica entre los años 70 y 80 es algo sobre lo que había indicios desde hace 30 años, pero no se habían encontrado pruebas documentales hasta que a comienzos de los noventa se descubrieron en Paraguay los llamados 'archivos del terror': una gran cantidad de detallados documentos que confirmaron la existencia de una red represora internacional en la que participaban los Gobiernos militares de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Bolivia.

La aparición de los documentos permitió avanzar en los procesos e investigaciones, al menos parcialmente, sobre las muertes de importantes personalidades de los diferentes países implicados en la aplicación del plan. Así sucedió en el caso del asesinato del general chileno Carlos Pratts y su mujer, perpetrado en Buenos Aires en 1974, del ex ministro de Exteriores chileno Orlando Lettelier, en Washington en 1976, o de los diputados uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, entre otros.

Según las investigaciones realizadas, la Operación Cóndor tuvo una reunión fundacional, de la que se levantó acta, celebrada en Santiago de Chile en diciembre de 1975, es decir, tres meses antes de que el argentino Jorge Videla encabezara la Junta Militar que derrocó a la presidenta Maria Estela Martínez de Perón. Aunque funcionó en todos los países citados, Argentina fue el Estado donde se produjo el mayor número de desaparecidos, con una cifra que oscila entre las 9.000 y las 30.000 personas.

Los archivos de la Operación Cóndor también revelaron el conocimiento que tenían los responsables militares argentinos de la práctica de robar niños a desaparecidas embarazadas, un crimen que no estaba amparado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) ni en los indultos decretados por el peronista Carlos Saúl Menem (1990-1999).

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida quedaron derogadas en Argentina tras una sentencia de la Corte Suprema emitida en junio de 2005 y que supuso una auténtica convulsión en el país, ya que permitió la reactivación de numerosos casos cuyas investigaciones no habían podido seguir adelante tras la aplicación de las leyes por los jueces que instruían los casos.