Una sola red con inmersión en catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no discute el modelo educativo catalán, pero ello no le ha impedido atender demandas en las que detecta episodios de mala aplicación de la ley. La semana pasada dictaba medidas cautelares para garantizar la escolarización de un alumno en castellano.
El Departamento de Educación quita hierro a las quejas. Dice que los padres que lo desean pueden pedir la escolarización en castellano y que "no existe conflicto lingüístico". El Síndic de Greuges, (defensor del pueblo catalán) afirma que sólo ha recibido tres quejas por la lengua en la escuela desde el 1 de enero. El Defensor del Pueblo, 47 en un año.
Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana -asociación que combate la política lingüística de la Generalitat- admite que hay pocos casos en los tribunales, "pero se debe al miedo que tiene la gente". "La Generalitat pone trabas y para ir a los tribunales hay que ser un héroe y soportar que te señalen con el dedo por reclamar un derecho, pero nosotros atendemos centenares de consultas". La norma catalana sobre la lengua en la escuela se basa en el sistema de inmersión en catalán. La Constitución instaura la obligación y el derecho a usar el castellano y el deber de conocerlo. Por eso, aunque la lengua vehicular en la escuela es el catalán, las leyes de política lingüística de 1983 y 1998 dan a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Dada la fácil comprensión de ambas lenguas, los partidos catalanes rechazaron la instauración de una doble línea escolar, en catalán y castellano, para no segregar a la comunidad en función del idioma.
No hay problemas generales de convivencia, pero algunos padres denuncian obstáculos para hacer efectivo su derecho de escolarizar a sus hijos en castellano, como ha ocurrido con un alumno de una escuela de Badalona. La Generalitat dice que sólo cuatro familias han pedido este curso la enseñanza en castellano y que a quien lo pide se le da atención "personalizada" en esta lengua dentro de una clase con alumnos en catalán, según establece la ley, avalada por el Tribunal Constitucional. El que la enseñanza primaria no se base en clases magistrales ayuda a administrar la "atención personalizada" cuando ésta es solicitada, según se argumentó en el debate fundacional sobre el modelo escolar.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recomendado a la Generalitat que se pregunte a los padres en qué lengua quieren la primera enseñanza de sus hijos, poniendo casillas en los impresos de preinscripción. A esta petición se ha sumado el PP, que presentará una moción en el Parlamento catalán. Pero la Generalitat rechaza poner la casilla. Dice que el derecho a escoger lengua ya está garantizado y ha recurrido al Supremo.
Para los profesores, dominar el catalán es obligatorio. Para ejercer "deben estar en posesión del nivel C de catalán (nivel superior) o superar una prueba de conocimiento de las dos lenguas oficiales", dice Josep Vallcorba, subdirector general de Lengua y Cohesión Social. Los alumnos, para aprobar la ESO, "deben acreditar conocimientos orales y escritos de catalán y castellano propios de esta etapa", recalca Vallcorba. Un decreto de la Generalitat establece que en cada una de las tres etapas de que consta la primaria se deben dar 140 horas de lengua castellana y literatura, igual número que de lengua catalana. La Generalitat esgrime una encuesta del Ministerio de Educación que concluyó en 2003 que los niños catalanes de 12 años tenían la misma competencia en español que los del conjunto del país: el 65% de aciertos.
Aunque la lengua vehicular en la escuela es el catalán, ello no rige a la hora de impartir lengua castellana, un idioma extranjero o cuando un alumno ha solicitado la escolarización en castellano. Entre el 10% y el 20% de los profesores de primaria y entre el 30% y el 40% de los de secundaria utilizan el castellano en su clase, según datos del Departamento de Educación. En el ámbito universitario, la Generalitat prepara un decreto con requisitos para los nuevos profesores. Se baraja darles un plazo de adaptación para acreditar la suficiencia en catalán. Profesores visitantes y eméritos quedarían exonerados de saber catalán. En cualquier caso, la libertad de cátedra deja la opción de lengua en la universidad en manos del profesor.
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