La Comisión de la Dignidad recuerda que la ley es un reconocimiento a las víctimas del franquismo

"Se han impuesto la lógica, la tradición democrática y el sentido común", indicó ayer Toni Strubell, impulsor de la Comisión de la Dignidad, plataforma cívica que desde 2001 ha liderado la campaña para pedir el retorno de los papeles a Cataluña y que hoy tiene previsto realizar un homenaje a las víctimas del expolio al que ya han enviado su apoyo numerosas personas y asociaciones; entre ellas, el historiador Paul Preston y el político italiano Francesco Cossiga.

El abogado e historiador Josep Cruanyes, también miembro de la comisión, señaló que "el auto justifica que la suspensión del traslado no era procedente, como tampoco lo era la medida cautelarísima anterior". En su opinión, este proceso "ha creado una situación preocupante al poner en cuestión una ley aprobada en el Parlamento, y mediante argumentos falsos y tergiversaciones se ha conseguido crear dudas sobre una cosa que era clara y además de justicia".

"Hoy es un gran día para la consolidación de la democracia de este país", añadió Cruanyes, ya que, en su opinión, la devolución es un acto que tiene trascendencia histórica más allá de que se devuelvan los documentos robados a la Generalitat o en el futuro a los particulares. Cruanyes lo enmarca en todo el proceso de recuperación de la memoria histórica y de reparación a las víctimas de la guerra y de la dictadura que se ha iniciado en estos últimos años. Uno de los símbolos del reconocimiento a las víctimas del franquismo era, a su juicio, esta restitución de los documentos que debía haberse hecho, indica, en los primeros momentos de la transición democrática. "Aquel expolio fue un acto cometido por el propio Estado contra las libertades y propiedades de sus ciudadanos; es por esto por lo que el acto de restitución es un reconocimiento y una compensación por el sufrimiento provocado que debe alegrar no sólo en Cataluña -que inició la reclamación que afectaba en su caso no sólo a particulares, sino también a la propia Generalitat-, sino a todos los demócratas españoles".

De hecho, Strubell recordó que los particulares de otras comunidades podrán también ver restituidos sus documentos siempre que así lo solicite la comunidad autónoma, según señala la ley en su disposición adicional primera. En la segunda disposición se crea un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca para el que el Ministerio de Cultura ya ha destinado este año unos seis millones de euros.

La consejera de Cultura, Caterina Mieras, se mostró ayer "contenta y emocionada" por la decisión de la Audiencia Nacional, aunque, indicó, tenía "plena confianza en la justicia", por lo que considera que en este largo proceso "se ha superado un nuevo obstáculo", informa Miquel Nogué. Mieras tuvo palabras de agradecimiento por "la paciencia y tranquilidad" que han demostrado los ciudadanos de Cataluña, y también recordó el trabajo realizado por todas las personas e instituciones que desde 1977 vienen reclamando estos documentos. "La unidad en este tema de todos los partidos catalanes también nos ha dado mucha fuerza", indicó Mieras, para quien "no es el triunfo de unos contra otros; es el triunfo de la democracia". El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lo consideró "una gran noticia".

Desde UGT-Cataluña se señaló también la satisfacción, porque "por fin" se materializará la devolución de la documentación. En un comunicado, el sindicato celebra este "acto de justicia que tiene que contribuir a cerrar las heridas del pasado y permitir mirar hacia el futuro manteniendo la memoria histórica". También destaca que hayan prevalecido "la razón y la firmeza democrática". La UGT fue víctima del expolio de más de 300 legajos y el sindicato confía en que serán restituidos en la segunda fase de la devolución que prevé la ley.