Los ecologistas denuncian el daño ambiental del futuro puerto industrial de Tenerife

Greenpeace, Adena-WWF, SEO Birdlife y Ben Magec-Ecologistas en Acción han iniciado una ofensiva ante la Comisión Europea para advertir a las autoridades de Bruselas de que "el mayor atentado ecológico" en todo el litoral español se producirá con la construcción de un puerto industrial en Granadilla, municipio situado al sureste de la isla de Tenerife. El proyecto, patrocinado por el Gobierno de Canarias, cuenta con fondos comunitarios y con el visto bueno de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Los ecologistas proponen como alternativa ampliar el puerto de Santa Cruz.

La alternativa propuesta por los ecologistas es ampliar el puerto de la capital tinerfeña

Durante los últimos tres años, Greenpeace, Adena, SEO Birdlife y Ecologistas en Acción han desplegado imaginativas campañas respaldadas por miles de ciudadanos contra el proyecto de construcción portuaria en el sur de Tenerife, que ocuparía una superficie de 786.000 metros cuadrados y afectaría a especies protegidas, a dos playas, a sebadales protegidos por la UE y a la Montaña Roja. Según la última documentación aportada por la Autoridad Portuaria, el dique de abrigo -que es el que corta las corrientes marinas- consta de un primer tramo perpendicular a la costa de 620 metros de longitud, de un dique exterior de 1.646 metros y un martillo de 291 metros. Del futuro muelle de ribera arrancará otro contradique de 155 metros de longitud.

Greenpeace insiste en el "daño ambiental y despilfarro económico" del puerto industrial de Granadilla, en la sobrevaloración de los beneficios y en el escaso análisis de su coste. Esa organización recuerda que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autónomo (Coalición Canaria, PSC-PSOE, PP y Partido de Independientes de Lanzarote) rechazaron discutir una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 56.000 firmas y pronostica que la instalación portuaria planeada permanecerá inoperativa durante más de 120 días al año, debido a los vientos de entre 30 y 61 kilómetros por hora.

Las cuatro organizaciones han promovido una movilización a través de Internet. Desde sus páginas web se puede enviar a diversas autoridades comunitarias una carta en la que se explican los motivos del rechazo al futuro puerto industrial. Ésta iniciativa surgió después de que la Comisión Europea, tras haber reconocido el pasado octubre que el futuro puerto puede causar "afecciones significativas negativas" al medio natural, ahora afirma que no hay otra opción posible. Asimismo antepone los beneficios para el empleo y la competetividad a los daños previsibles para el medio ambiente.

Greenpeace ha advertido de que denunciará ante los tribunales el apoyo comunitario al puerto de Granadilla por vulnerar varias directivas europeas, si antes de dar su autorización y valorar las medidas correctoras no emite un informe que descarte las distintas alternativas planteadas.

Las cuatro organizaciones, con el respaldo de los cuatro anteriores presidentes de la Autoridad Portuaria, aseguran haber demostrado que existe viabilidad para el crecimiento de infraestructuras portuarias en la isla sin construir las instalaciones de Granadilla. Esta opción pasa por invertir en la ampliación del puerto de la capital hasta quintuplicar su superficie actual. La alternativa sería más cara (480 millones de euros frente a 386 de Granadilla), necesita más relleno (20 millones de metros cúbicos frente a 13 millones) pero preserva el litoral del sur de la isla y sólo afecta a lo que ya ha dañado el puerto de Santa Cruz.

En contra de esta alternativa, la Autoridad Portuaria arguye su inviabilidad "ambiental, técnica y económica", alerta del agotamiento a corto plazo del puerto de Santa Cruz, la gran profundidad del suelo marino -hasta 500 metros bajo la superficie del mar- que encarecería los trabajos de nuevos diques en la capital, mientras en Granadilla ya existe un polígono industrial con ausencia de población residente.Un portavoz de los ecologistas informó hace pocos días de que Bruselas ha preguntado al Gobierno central si existen o no alternativas viables a Granadilla.