Las "imperiosas razones" y la protesta ciudadana

El Gobierno de Canarias proyecta convertir las islas de Gran Canaria y de Tenerife en dos Miami del Atlántico, dos gigantescas plataformas logísticas de distribución de bienes y mercancías entre Europa, América y África. De ese modo, conseguiría diversificar la economía canaria, excesivamente dependiente del turismo. La construcción del puerto de Granadilla, a pocos metros de dos centrales térmicas -una de fuel, en funcionamiento, y otra de ciclo combinado, en construcción- y del aeropuerto internacional Tenerife Sur, es para la Administración, la patronal y los sectores económicos de las islas una inversión "irrenunciable", aunque no la única.

Sólo les ha hecho frente un movimiento ciudadano sin precedentes en Tenerife, que reúne a colectivos vecinales, grupos ecologistas y profesores universitarios que han actuado bajo el lema ¡Basta ya! y que hasta ahora ha logrado retrasar muchas de las decisiones vinculadas a la construcción de infraestructuras. El listado de obras previstas que cuentan con su oposición incluyen, además del puerto industrial de Granadilla, la segunda pista del aeropuerto internacional Reina Sofía, con cuyos escombros se construirían los diques del nuevo puerto; el cierre del anillo insular que uniría las carreteras del norte y sur de la isla y otras vías previstas, la solución a la caótica situación energética, la implantación del gas como combustible alternativo, las extracciones de petróleo en la plataforma continental que las islas comparten con Marruecos y el derribo del Teatro Atlante.

En mayo de 2002, el Ejecutivo autónomo aprobó el proyecto del puerto industrial de Granadilla por su "interés público, por imperiosas razones de índole social y económica, por agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones, por no existir otra localización viable y porque la ampliación del de Santa Cruz no es viable".

La presión de los grupos ecologistas logró entonces reducir la superficie inicial a los 760.000 metros cuadrados y el dique principal hasta apenas 850 metros de longitud, una modificación que ya cuenta con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente. El destino final del documento se decidirá en Bruselas.

Puertos del Estado ha destituido recientemente a Pedro Anatael como consejero de la Autoridad Portuaria. Anatael ha sido uno de los defensores de la ampliación del puerto de Santa Cruz como alternativa al industrial de Granadilla.