Un curso complicado

El año que acaba fue, quizá, el año de Cataluña. Por lo menos, el año en el que Cataluña reclamó toda la atención política del país y arrebató a Euskadi el primer plano que venía ocupando durante décadas. 2005 empezó, casi (1 de febrero), con la decisión del Congreso de los Diputados de no admitir a debate el llamado plan Ibarretxe, un proyecto encabezado por el PNV que establecía un nuevo modelo de asociación con el conjunto de España (313 votos en contra y 29 a favor). Terminó, casi (2 de noviembre), con la aceptación a discusión del proyecto de nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, un texto respaldado no sólo por los nacionalistas catalanes, sino también por el PSC (197 votos a favor y 146 en contra, todos del PP). 2005 fue, sin duda, un año catalán, pero para saber si fue un buen año para Cataluña habrá que esperar todavía algunos meses, hasta saber la suerte que corre el nuevo Estatut. Es posible, sin embargo, que los libros de historia no recojan 2005 por el debate catalán, sino porque fue el año en el que un país considerado no hace tanto como modelo de catolicismo decidió que los homosexuales tenían exactamente el mismo derecho a contraer matrimonio que los heterosexuales. Una revolución en las costumbres que, como se pudo comprobar, provocó la ira vaticana. O como el año en que nació una niña, la infanta Leonor, que puede llegar a ser la primera reina de España, por delante de posibles hermanos varones. O, seguramente, como el año en que se regularizó la situación legal de casi un millón de inmigrantes sin papeles que ya se encontraban en España, pero en el que se produjo la matanza de 13 negros subsaharianos que intentaban, desesperados, saltar las verjas de Melilla y de Ceuta.

Se ha abierto un duro periodo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la política antiterrorista

No fue un año de sorpresas. Desde que en 2003 las elecciones autonómicas catalanas permitieron la creación de un Gobierno tripartito de izquierda presidido por Pasqual Maragall, en el que se integró ERC, estaba claro que la reforma del Estatuto de Sau pasaba a convertirse en una gran prioridad política. El primer paso consistía en lograr el máximo consenso posible en el Parlamento de Barcelona, y a eso se dedicaron los políticos catalanes, bajo la atenta mirada del resto del país. El proceso pareció sufrir un fuerte parón nada más empezar el año: el 27 de enero, las obras del metro provocaron el hundimiento de parte del barrio barcelonés del Carmel y el desalojo de 84 edificios de viviendas, con el consiguiente enfado de los ciudadanos. A la hora de delimitar responsabilidades, la bronca entre los distintos partidos se hizo muy patente. El peor momento llegó cuando Pasqual Maragall acusó ante el Parlamento a los anteriores Gobiernos de CiU de haberse quedado con una comisión del 3% de las obras públicas adjudicadas en su época. Artur Mas anunció entonces que, en esas condiciones, no sería posible negociar el Estatut y Maragall optó por pedir excusas.

El caso Carmel se extinguió sin graves responsabilidades políticas para nadie y el Estatut siguió adelante. Sin embargo, durante casi todo el año se mantuvo la duda de si el tripartito podría llegar a un acuerdo con Artur Mas o si finalmente todo el proceso embarrancaría en la misma Cataluña. El debate se trasladó a las filas del PSOE, donde algunos dirigentes apostaban claramente por el cierre del proceso en Cataluña, mientras que otros consideraban más importante lograr la participación de CiU y la prolongación del debate en el Parlamento español. Finalmente prosperó esta segunda línea, apoyada por Maragall y, sobre todo, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En unas últimas e intensas horas de negociación se logró el acuerdo y el proyecto de nuevo Estatut fue aprobado por aplastante mayoría (88,8%) en el Parlamento de Cataluña: la única excepción fue la del PP, con unos exiguos 15 votos.

La negociación de última hora significó, sin embargo, introducir algunos elementos muy polémicos: especialmente un nuevo sistema de financiación; en la práctica, bilateral; mantener la consideración de Cataluña como "nación", y otros relativos al blindaje de competencias autonómicas. Cuando el borrador del nuevo Estatut llegó al Congreso de los Diputados para su toma en consideración ya se sabía que Rodríguez Zapatero y el PSOE consideraban que algunos importantes elementos no eran compatibles con la Constitución y que sería imprescindible reformarlos en los sucesivos trámites parlamentarios. El PP se opuso incluso a que el texto entrara en el Parlamento. El debate en el Pleno del Congreso fue muy caliente, pero el resultado de la votación no dejó lugar a dudas: se aceptó el borrador y se inició una nueva negociación que debería dar sus frutos antes de febrero, cuando comience la discusión en la Comisión Constitucional, que preside Alfonso Guerra.

El debate sobre el nuevo estatuto catalán se convirtió además, a lo largo de todo el año, en el primer instrumento de crítica por parte del principal partido de la oposición, el PP. Desde un punto de vista político, para los populares, 2005 fue un año clásico: un año en el que prácticamente toda su actividad estuvo centrada en un enfrentamiento total con el Gobierno. El PP tuvo que hacer frente a las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó los atentados del 11 de marzo de 2004, que reprochó al anterior Gobierno de José María Aznar su intento de manipular a la opinión pública y su infravaloración de la amenaza del terrorismo islamista. Mariano Rajoy, sin embargo, hizo caso omiso de quienes le aconsejaban prescindir de los principales protagonistas de aquellos días y alejar de su equipo a políticos como Ángel Acebes, ex ministro del Interior el 11-M y actual secretario general del PP. Si existieron algunas dudas en los primeros momentos, según fueron pasando los meses se comprobó que Rajoy ni siquiera moderaba ese protagonismo, sino que, bien al contrario, optaba por una línea de enfrentamiento identificada con el equipo anterior.

El presidente del PP abrazó inmediatamente el debate sobre las propuestas catalanas como la columna vertebral de su discurso. Sus duras, y brillantes, intervenciones parlamentarias sirvieron para asentar su liderazgo dentro del Partido Popular y para despejar las incógnitas sobre una posible salida centrista. A finales de año ya quedaba claro que el PP estaba apostando por un posible fracaso de las negociaciones estatutarias y por su caracterización como el partido defensor de la unidad nacional. La única duda entre sus colaboradores es la lejanía de las próximas elecciones (2008). Y la incógnita de cómo reaccionará la opinión pública ante una estrategia de crispación tan mantenida en el tiempo, no sólo a través de los mecanismos del PP, sino también de algunos medios de comunicación, especialmente los relacionados con la jerarquía de la Iglesia católica, que desarrollaron en 2005 una oposición incendiaria.

Para el PSOE, 2005 fue, pese a todo, un año razonablemente exitoso, aunque en los últimos meses se hayan encendido algunas señales de alarma. Las encuestas sugieren que el debate sobre el estatuto catalán esta teniendo un coste más elevado del previsto, sobre todo porque erosiona y se come otras actuaciones políticas que los socialistas consideran positivas y querrían resaltar. La batalla estatutaria se ha comido, por ejemplo, el éxito obtenido en las elecciones autonómicas de Galicia, donde los socialistas, aliados con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), consiguieron en junio desplazar del Gobierno a Manuel Fraga Iribarne y elegir nuevo presidente de la Xunta a Emilio Pérez Touriño. Tampoco se recuerda suficientemente que, aunque 2005 ha sido un año terrible para el conjunto de la Unión Europea y pese a que el año acaba con una dura discusión sobre recortes presupuestarios, España fue uno de los pocos países capaces de aprobar en referéndum la ya casi olvidada Constitución Europea (76% de síes, con un 42% de participación).

Pese a que las encuestas demuestran que una parte del Gabinete de Rodríguez Zapatero es demasiado desconocida y a quienes defienden la necesidad de que se produzcan pronto algunos cambios ministeriales, lo cierto es que en 2005 el Gobierno hizo frente, con soltura, a sus primeras crisis, como el accidente de helicóptero ocurrido en Afganistán, en el que murieron 17 militares españoles; los 11 muertos en las tareas de extinción de un incendio forestal en Guadalajara; el agricultor fallecido en extrañas circunstancias en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar (Almería), o la gran manifestación contra la nueva Ley de Educación, negociada nuevamente y con gran rapidez con un sector de la oposición y de la escuela concertada.

Pero desde el punto de vista socialista, 2005 quizá sea, sobre todo, el año en el que se abrieron nuevas perspectivas en relación con la banda terrorista ETA y la situación política en el País Vasco. Rodríguez Zapatero se apuntó un tanto político en febrero cuando defendió que el lehendakari pudiera presentar su plan ante el Parlamento español y que allí fuera desestimado en su totalidad por aplastante mayoría. El PNV acudió entonces a las elecciones autonómicas de abril solicitando un nuevo respaldo para su rechazada propuesta soberanista. El resultado fue desalentador para el lehendakari: ganó las elecciones, pero perdió escaños, mientras que los socialistas experimentaban una subida apreciable. Batasuna, ilegalizada, no pudo presentarse directamente a las elecciones, pero recogió su testigo una nueva organización, EHAK, que logró nueve escaños en el Parlamento de Vitoria.

Un mes exacto después de esas elecciones, el presidente del Gobierno acudió al Congreso para comprometerse a informar de cualquier negociación con ETA y para solicitar, al mismo tiempo, autorización para abrir esos contactos, en el caso de que la organización terrorista aceptara abandonar las armas. El texto fue aprobado con la única, pero rotunda, oposición del PP. Se abrió entonces un duro periodo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la política antiterrorista que amenaza con prolongarse en los próximos meses. A punto de terminar el año, las bases de la ilegalizada Batasuna mantienen un proceso interno que finalizará el próximo 21 de enero en una gran asamblea, en la que se supone que ratificarán su implicación en el proceso de paz anunciado por su líder, Arnaldo Otegi, el 14 de noviembre de 2004 en Anoeta (Guipúzcoa). Rodríguez Zapatero, por su parte, mantiene que "aprovechará" cualquier oportunidad para terminar con la violencia de ETA, siempre que ésta dé muestras de "su decisión de abandonar las armas". Para unos, ese proceso ya está en marcha; para otros, no hay evidencias suficientes. Será la principal incógnita para 2006.