Bush justifica el espionaje telefónico a los estadounidenses

El presidente George W. Bush afrontó ayer las fuertes críticas que los congresistas demócratas y algunos republicanos han hecho de su autorización personal para espiar a los estadounidenses mediante escuchas telefónicas sin mandamiento judicial. "Tenemos que ser capaces, para salvar vidas estadounidenses, de actuar con rapidez y detectar estas conversaciones, y poder evitar nuevos atentados", se justificó Bush. El presidente, enfadado con el Senado, dijo que es "inexcusable" que se deje expirar la Ley Patriótica.

El espionaje telefónico fue descubierto y publicado la semana pasada por The New York Times y causó furor en la Casa Blanca, hasta el punto de que el presidente dijo ayer que esperaba una "completa investigación" sobre la filtración de esa información. "Mi opinión personal es que se trata de un acto vergonzoso por parte de quien dio a conocer un programa muy importante en tiempo de guerra", añadió. Y pasó a justificar tal procedimiento.

"Autoricé la intercepción de comunicaciones internacionales de gente con vínculos conocidos con Al Qaeda y grupos terroristas afines de acuerdo con las leyes y con la Constitución", insistió Bush en una conferencia de prensa, horas después de su solemne mensaje sobre Irak desde el Despacho Oval. Bush, en ocasiones irritado ante la insistencia de los periodistas, que le obligaron a ponerse a la defensiva, dijo: "La protección de los ciudadanos es una parte necesaria de mi trabajo". Ante las dudas, Bush repitió: "Es legal hacerlo; juré defender las leyes. La autoridad legal se deriva de la Constitución".

Con estas palabras, Bush hace una interpretación generosa de la Constitución, que en su artículo 2 establece los poderes ejecutivos del presidente y su capacidad como comandante en jefe. La Casa Blanca se apoya también, y ayer lo recordó Alberto Gonzales, responsable de Justicia, en la resolución que el Congreso aprobó tres días después de los atentados del 11-S en la que autorizaba al presidente a usar "toda la fuerza apropiada y necesaria" para perseguir a los terroristas y evitar nuevos atentados. Al amparo de estos argumentos, el programa de control de comunicaciones con el exterior, firmado por una orden ejecutiva en 2002, se mantendrá "mientras el país siga enfrentándose a la continua amenaza de un enemigo que quiere matar a ciudadanos americanos", añadió Bush, que aseguró que entiende y comparte las preocupaciones relacionadas con los derechos democráticos y que esos derechos están garantizados.

El presidente trató de explicar por qué hace falta una orden ejecutiva si existe la Ley Patriótica, y por qué se prescinde de los mandatos que debe autorizar un tribunal especial en caso de que la policía quiera intervenir una comunicación: "El tribunal es para operaciones de control de largo plazo. Lo que necesitamos para protegernos es la posibilidad de actuar con rapidez". Los sospechosos "cambian rápidamente los números de teléfono y las llamadas; se mueven rápido. Tenemos que ser capaces de detectarles y evitar sus acciones".

Bush dijo también que se interceptan llamadas al exterior y desde el exterior, "no las comunicaciones entre Houston y Los Ángeles". Si hubiera necesidad de controlar una llamada nacional, "se haría de acuerdo con el proceso establecido". El presidente, que reiteró que el Gobierno ha consultado "en más de una docena de ocasiones con el Congreso" sobre este asunto, consideró "vergonzosa" la filtración periodística de las escuchas. "En tiempos de guerra; hablar de este programa ayuda al enemigo", indicó.

Los demócratas no vacilaron al expresar su profundo desacuerdo con el presidente en cuanto a las justificaciones de las escuchas. "Es un retroceso respecto a lo que somos y a lo que deberíamos ser como nación", declaró el senador Russ Feingold, líder del bloqueo de la Ley Patriótica.