Washington abre una investigación para aclarar quien filtró el escándalo de las escuchas

Acusado de espiar sin permiso judicial a sus ciudadanos con el pretexto de la lucha antiterrorista, el Gobierno de EE UU ha decidido defenderse con un buen ataque. El Departamento de Justicia ha abierto hoy una investigación, pero no para aclarar por qué se ordenaron las escuchas, presumiblemente inconstitucionales, sino para determinar quién filtró la noticia a los medios.

Washington ya mostró su disposición hace unas semanas a "matar al mensajero" pero hoy se ha hecho oficial la decisión. "Hemos abierto una investigación de la revelación no autorizada de materiales secretos relacionados con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)", indicó hoy un funcionario del Departamento de Justicia.

En su día Bush calificó como "vergonzosa" y perjudicial para la seguridad nacional la filtración, publicada por el diario The New York Times a principios de este mes, de algunos detalles del programa secreto de control de la población estadounidense autorizado por la Casa Blanca desde 2002.

Autorización especial

La NSA tiene entre sus funciones el espionaje electrónico en el extranjero, pero una ley de 1978 estipula que dentro de territorio de EE UU y sobre ciudadanos estadounidenses, ese tipo de escuchas deben ser autorizadas por un tribunal secreto especial. Tras los atentados del 11-S, Bush autorizó a la NSA a que controlara las llamadas telefónicas internacionales y el correo electrónico de miles de personas dentro de EE UU, sin obtener el permiso del tribunal especial.

The New York Times indicó que había conocido la existencia del programa de control de la población más de un año antes de publicar la historia. El diario señaló como fuente de su información a funcionarios actuales y ex funcionarios vinculados con los servicios secretos y de inteligencia de EE UU, algunos de los cuales expresaron dudas sobre la legalidad del procedimiento autorizado por Bush.

El Departamento de Justicia ya tiene en marcha otra investigación sobre la información publicada en noviembre por el diario The Washington Post que reveló la existencia de "prisiones secretas" operadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en diferentes países para la detención e interrogatorio de supuestos terroristas.