Bush defiende las escuchas sin mandato judicial mientras persista la amenaza terrorista

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha asegurado hoy contar con "absoluta autoridad constitucional" para continuar con el polémico programa de control de las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses. Las escuchas sin autorización judicial, que han abierto un agrio debate entre la clase política estadounidense, seguirán en pie "mientras la nación siga enfrentándose a constantes amenazas del enemigo", ha dicho.

En una multitudinaria rueda de prensa en la Casa Blanca, Bush ha salido al paso de las críticas tanto de congresistas demócratas como republicanos asegurando que éstos "han sido informados una docena de veces acerca de este programa". El presidente ha reiterado que seguirá autorizando el control de las comunicaciones -tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos- de estadounidenses o extranjeros sin recurrir a la aprobación de un juez. Sobre las preocupaciones expresadas por algunos legisladores en torno a la posible vulneración de libertades civiles, Bush ha dicho comprender su inquietud pero ha asegurado que no tiene fundamento.

La autoridad para llevar a cabo esas escuchas "es revisada cuidadosamente cada 45 días para garantizar que se usa de manera adecuada", ha explicado Bush. "Una conversación telefónica de dos minutos" entre alguien en Estados Unidos vinculado a Al Qaeda y miembros de esta organización en otras partes del mundo podría conducir a la pérdida de miles de vidas, según Bush. "El programa ha interferido eficazmente las operaciones del enemigo y al mismo tiempo se lleva a cabo salvaguardando nuestras libertades civiles. Se ha aplicado a personas que tenían vínculos conocidos con Al Qaeda", ha explicado.

Investigación

Además, el presidente republicano ha mostrado de nuevo su enfado por la filtración de este asunto a la prensa. Por ello, ha anunciado la apertura de una investigación a cargo del Departamento de Justicia para averiguar quién filtró desde su Gobierno las prácticas de espionaje instauradas meses después de los atentados del 11-S. "Se ha abierto un proceso en el Departamento de Justicia sobre las filtraciones. Confío en que el proceso avance", ha dicho. "Mi opinion personal es que fue un acto vergonzoso desvelar un programa secreto en tiempos de guerra", ha criticado.

Fuentes del Gobierno revelaron al diario The New York Times que, entre las medidas adoptadas tras los ataques a Nueva York y Washington, Bush ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) que controlara las comunicaciones internacionales "en el proceso de investigación de pruebas de actividades terroristas" sin recurrir a un mandato judicial, como se hace con las comunicaciones nacionales. Esta orden presidencial, reconocida por el propio Bush un día después de verlo publicado en el periódico neoyorquino, afectó a cientos, probablemente miles, de personas.

La revelación de esta polémica práctica contribuyó a que el Senado bloqueara la prórroga de la Ley Patriótica, que refuerza las medidas policiales contra el terrorismo y que expirará el 31 de diciembre si los senadores no aprueban el nuevo texto.