La cumbre de Internet

La diplomacia trabaja frenéticamente para llegar con acuerdos pactados a la segunda Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que la ONU convoca en Túnez esta próxima semana. En la primera cumbre, celebrada en Ginebra en 2003, se proclamaron una declaración de principios y un plan de acción para combatir la llamada brecha digital (las diferencias entre los que tienen y los que no tienen oportunidades de acceder a la tecnología). Sin embargo, se aplazaron las decisiones sobre quién debe controlar Internet y sobre cómo pagar la factura del plan de acción, cuyos objetivos deben cumplirse en 2015.

El plan de acción aprobado en Ginebra enumeraba las líneas concretas para reducir la brecha digital y conseguir que "más de la mitad de la población mundial tenga acceso a las tecnologías de la información" en 2015. Su aplicación está en curso y cada país establece sus propias ciberestrategias. En Túnez se proporcionarán directrices más detalladas sobre las actividades que habrá que llevar a cabo hasta esa fecha.

Estados Unidos ya ha anunciado que no piensa renunciar a su poder sobre el ICANN

En Ginebra también se supo que para conectar todas las aldeas a Internet había que conseguir 5.300 millones de euros, aunque los países participantes fueron incapaces de acordar cómo y quién pagaba la factura. Mientras los países pobres, con Senegal a la cabeza, pedían crear un Fondo de Solidaridad Digital (FSD), los países ricos apostaban por acudir a los fondos multilaterales ya existentes. En la clausura de esa primera cumbre, las ciudades de Ginebra (Suiza) y Lyon (Francia) se unieron a Senegal para crear el FSD privado en Ginebra, que reserva el 60% de sus recursos para proyectos destinados a los países subdesarrollados, el 30% a los países en desarrollo y el 10% restante a los países desarrollados. En febrero pasado, durante la segunda ronda de reuniones preparatorias de la Cumbre de Túnez, los representantes acogieron "complacidos" esta iniciativa voluntaria, "un mecanismo financiero innovador y de naturaleza voluntaria que tiene por objeto transformar la brecha en oportunidades digitales para el mundo en desarrollo". Los negociadores de Túnez discuten ahora si hay que crear este fondo a nivel mundial e intergubernamental u otros mecanismos de financiación.

Si no hay cambios de última hora, la batalla por el control de Internet no se resolverá en Túnez. Países como China, Brasil o India consideran que al ser una herramienta global ningún país debería controlarla y proponen crear un foro multilateral donde se tomen las decisiones sobre las políticas de Internet. Este foro sustituiría a ICANN, el organismo que gestiona el sistema de dominios, la infraestructura básica de la Red. Estados Unidos ya ha anunciado que no piensa renunciar a la tutela que ejerce sobre ICANN, ligado al departamento de comercio norteamericano y sometido a las leyes californianas. Y la Unión Europea, que hasta ahora no ponía objeciones al control estadounidense, propone ahora un punto intermedio entre multilateralismo y unilateralismo: implicar gradualmente a organismos públicos y privados pero sin reemplazar los mecanismos e instituciones existentes. Kofi Annan, secretario general de la ONU, rechaza la idea de que Naciones Unidas quiera "adueñarse" de la Red. Su objetivo es "promover el diálogo y el consenso entre los gobiernos para que todos los pueblos puedan beneficiarse de sus ventajas, promoviendo una sociedad de la información abierta y sin exclusivas".

El ministro de Industria, José Montilla, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, encabezan la delegación española a Túnez. Llegan con dos propuestas y un libro bajo el brazo. La primera iniciativa pretende proclamar el Día Mundial de Internet, una fecha anual que permitiría seguir los avances marcados por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, además de sensibilizar sobre la importancia de las herramientas digitales en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo.

La otra iniciativa, que también impulsa la UE, recoge las demandas de la sociedad civil sobre la necesidad de incorporar la tecnología a las políticas de cooperación internacional. Se trata de que el dinero que se destine a la cooperación también incluya ayudas tecnológicas.