Poderes terrenales

La Iglesia católica española toca de nuevo a rebato. La causa es ahora la Ley Orgánica de Educación (LOE), elaborada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y frente a ella llama a los católicos a manifestarse. Tocar a rebato y manifestarse contra los gobiernos han sido instrumentos habituales de la Iglesia católica en momentos históricos de impulso secularizador. Una forma de resistir a los cambios. Sobre todo, si se trata de la educación. Ocurrió durante la Segunda República, durante la etapa de los gobiernos socialistas de Felipe González y, si nos atenemos a las abundantes declaraciones de los obispos efectuadas en los últimos días, la tormenta está a punto de desatarse otra vez.

Con la llegada de la República en 1931 salió a la luz una enconada lucha entre dos mundos culturales antagónicos, de católicos practicantes y de anticlericales convencidos, que cogió en medio a un amplio número de españoles que se habían mostrado hasta entonces indiferentes ante un conflicto de largo alcance y que hundía sus raíces en las décadas anteriores. Con el asunto de la religión no hubo posibilidad de entendimiento entre la Iglesia y el Gobierno de coalición republicano-socialista presidido por Manuel Azaña. Varios artículos de la Constitución republicana, aprobada el 9 de diciembre de 1931, declaraban la no confesionalidad del Estado, eliminaban la financiación estatal del clero, introducían el matrimonio civil y el divorcio, y, lo más doloroso para la Iglesia, prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, algo que debía poner en práctica una Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas.

Esa ley, pasada por las Cortes el 17 de mayo de 1933 y sancionada el 2 de junio por Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, causó en la Iglesia una auténtica conmoción. Los obispos, dirigidos desde abril de ese año por el integrista Isidro Gomá, reaccionaron con una "Declaración del Episcopado", en la que sentían "el duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia" y rechazaban "las escuelas acatólicas, neutras o mixtas". El papa Pío XI le dedicó una encíclica, Dilectissima nobis, por atentar "contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia". La CEDA, organizada ese mismo año bajo el amparo de la jerarquía eclesiástica, y la prensa católica se sumaron a la movilización general. Muchos llamaron a la rebeldía. Y no faltaron quienes, como el dirigente carlista Manuel Fal Conde, declararon ya entonces que los católicos debían defenderse de todos esos ataques "con su sangre incluso".

Es evidente que, de haberse cumplido todas esas medidas, la posición privilegiada de la Iglesia se hubiera tambaleado. Pero una guerra civil, provocada por una sublevación militar contra la República, y la victoria incondicional del ejército del general Franco ocasionaron el triunfo absoluto de la Iglesia católica. El catolicismo volvió a ser la religión oficial del Estado. Todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, impuso con los militares la unidad de la fe y de la nación, y controló durante décadas todos los resortes de la educación.

Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en el sistema educativo, en los aparatos de propaganda y en los medios de comunicación. Lo que hizo la Iglesia en los últimos años del franquismo fue prepararse para la reforma política y la transición a la democracia que se avecinaba. Antes de morir Franco, la jerarquía eclesiástica había elaborado, según William J. Callahan, "una estrategia basada en el fin de la confesionalidad oficial, la protección de las finanzas de la Iglesia y de sus derechos en materia de educación y el reconocimiento de la influencia de la Iglesia en las cuestiones de orden moral". Treinta años después, parece evidente que esa estrategia se ha cumplido con creces, especialmente en la protección de sus finanzas y en el poder e influencia mantenidos, e incluso aumentados, en la enseñanza primaria y secundaria.

La democracia, sus gobiernos y sus instituciones le han dado a la Iglesia católica un trato exquisito. No hay ningún otro país democrático en el que la enseñanza privada católica, concertada la llaman ahora, cuente con el apoyo y financiación que tiene en España. La enseñanza de la religión, de cualquier tipo de religión, no suele impartirse en otros países en las escuelas, mientras que entre nosotros es de oferta obligatoria en todos los centros, públicos y privados, y la Iglesia pretende ahora, además, que se cumpla lo que proponía la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), aprobada con los votos del Partido Popular y de Coalición Canaria por el Parlamento de la pasada legislatura y paralizada por el Gobierno de Zapatero: que se obligue a estudiar en todos los centros educativos religión católica o una asignatura alternativa llamada "Hecho Religioso" y que cuente en el expediente académico como una asignatura más a todos los efectos. Es decir, en una escuela pública de un Estado laico la religión tendría el mismo valor en el currículo que, por ejemplo, las asignaturas de lengua, matemáticas o historia.

Pasaron ya los tiempos en que la Iglesia católica podía considerarse fuente de verdad absoluta y el catolicismo como única religión de los españoles. Tampoco existe ya ningún anticlericalismo obsesivo y radical. No se discute ahora el futuro de la Iglesia, sus posiciones morales o cuál es la mejor forma de adaptarse a los tiempos manteniendo a la vez los privilegios. Se trata, por el contrario, de consolidar desde un Estado laico y democrático la libertad de creer o no creer y el rechazo del dogmatismo. Ésa es una parte esencial del mejor legado de la historia de las sociedades europeas y norteamericanas de los dos últimos siglos.

La Iglesia católica española puede asumir eso, que ya no vive en un Estado confesional rodeada de privilegios, o pasar a la ofensiva y utilizar sus muchos poderes y el púlpito para unir la defensa de la religión con su peculiar concepto de la libertad de enseñanza y con la política del Partido Popular. Si elige ese segundo camino, y sobre todo si desde sus influyentes medios de comunicación afamados periodistas siguen insultando a todos aquellos que no se plieguen a su cultura más autoritaria, contribuirá a avivar todavía más el fuego de la confrontación entre las diferentes posiciones políticas y a abrir grietas, de alcance impredecible, en la sociedad civil y en el Estado democrático. La historia del siglo XX español es muy clara en este sentido: nada bueno ocurrió cuando la Iglesia católica, poderosa o perseguida, verdugo o víctima, ocupó el primer plano de actualidad.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.