La apuesta de Zapatero por la reforma territorial choca con el desinterés del PP

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encontró ayer, en el primero de los tres días que durará el debate sobre el Estado de las autonomías, con un muro de desinterés de los presidentes autonómicos del PP a su oferta de abrir el melón territorial. Ni la reforma del Senado, ni la ampliación de competencias que solicitan varias reformas de estatutos, ni los nuevos mecanismos de colaboración entre comunidades merecieron una reflexión de los presidentes del PP. "No son una prioridad para los ciudadanos", se limitaron a comentar. A la salida se quejaban de que Zapatero no había concretado nada.

Ocho años después del último debate en el Senado con presencia de los presidentes autonómicos, todos querían aprovechar el cruce dialéctico con Zapatero. Faltaron sólo el lehendakari, Juan José Ibarretxe, poco amigo de los foros multilaterales, y el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien de madrugada sufrió un infarto, del que se recupera en el Hospital Clínico. Parecía que con la ausencia de éste perdería fuerza la crítica al nuevo Estatuto de Cataluña, pero no fue así, porque otros socialistas tomaron el relevo para rechazar el sistema de financiación propuesto en el texto catalán. Aunque su tono fue muy distinto al del PP, que centró su discurso en este Estatuto, un asunto que no estaba en el orden del día ni compete aún al Senado.

Más allá de ese debate interno del PSOE, ayer se tenía que discutir la oferta más amplia de Zapatero, "para más de una generación", según sus propias palabras. Se trata, dijo, de "completar el modelo autonómico" con más autogobierno, sí, pero respetando la cohesión y la unidad de mercado.

Desconfianza con el PP

Para Zapatero, es evidente la necesidad de ampliar el autogobierno de las comunidades -sólo así se explican las iniciativas de reforma de estatutos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón, Canarias, Islas Baleares, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia-. Ese deseo ha tenido un motor, dijo el presidente: la mayoría absoluta del PP, que "recortó el espacio de autogobierno, debilitó el diálogo y aumentó la desconfianza". "En ese deterioro infligido en el periodo político anterior también escaseó el respeto y creció la litigiosidad", añadió.

Zapatero lanzó su propuesta a los presidentes autonómicos. La oferta, aunque esbozada en términos muy generales, tiene un primer paso. Visto que la reforma del Senado se vislumbra lenta y compleja, sobre todo por el escaso entusiasmo del PP, Zapatero ha encontrado una vía más rápida. Quiere crear una auténtica "red" de cooperación y coordinación dependiente de la Conferencia de Presidentes, que se constituiría "en un órgano político de impulso y desbloqueo de conflictos enquistados".

Sólo los presidentes socialistas y el regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla aceptaron de buena gana esta invitación. Todos coincidieron en que el gran problema actual del Estado de las autonomías se sitúa en la ausencia de mecanismos adecuados de cooperación, de espacios comunes. Los jefes de Gobierno del PP no llegaron a oponerse abiertamente a la reforma del Senado, aunque, como explicó el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, consideran que "no es una prioridad para los ciudadanos".

Los presidentes del PP obviaron la oferta de Zapatero y se ciñeron a los discursos que tenían escritos, centrados en su oposición frontal al sistema de financiación previsto en el proyecto de Estatuto catalán. Algunos lo hicieron en tono especialmente dramático, como el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien aseguró que Zapatero está abriendo la vía para "regresar a una España fragmentada y débil", y reclamó una votación en todo el país sobre la propuesta catalana. Tan lejos llegaron algunos -el presidente de Navarra, Miguel Sanz, preguntó si el PSOE iba a pactar con el "nacionalismo separatista para hacer desaparecer a Navarra del mapa autonómico"- que Zapatero en la réplica les recordó que ésos eran asuntos "de un debate del estado de la nación", y les pidió que no se confundan.

Maragall, conciliador

En la crítica al sistema de financiación del Estatuto catalán, los populares se encontraron con los socialistas, a excepción de Pasqual Maragall. Éste realizó un discurso conciliador y evitó cualquier ribete polémico, hasta el punto de que ni siquiera defendió ese contestado modelo de financiación, eje de la propuesta de reforma del Estatuto.

Maragall habló casi todo el tiempo en catalán, como le permite el reglamento en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero cambió al castellano para lanzar su mensaje más optimista y comprometido con el desarrollo del Estado de las autonomías: "Hoy España es fuerte, segura, mucho más equilibrada y solidaria que hace 25 años. Hoy me siento más catalán y más español".

Su tono amable no evitó la crítica de sus compañeros. Abrió el frente el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, recordando una frase pronunciada en 1932 en el Congreso por Alfonso Rodríguez Castelao: "Las aspiraciones de Cataluña", dijo cuando se discutía el Estatuto propuesto entonces, "tienen el límite de la Constitución de la República y el de los intereses de todas las demás comunidades". Touriño fue el único que criticó la "discriminación permanente" que suponen los sistemas forales del País Vasco y Navarra.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el de Asturias, Vicente Álvarez Areces, reprocharon esa bilateralidad que propone Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, pidió que no haya privilegios. Y el de Aragón, Marcelino Iglesias, fue aún más directo: "No podemos recuperar la España a dos velocidades. Los derechos históricos son importantes, pero no pueden servir de excusa para exigir privilegios. El origen de todos los derechos está en la Constitución de 1978".

Zapatero insistió en ese criterio sobre la reforma del sistema de financiación. "Los estatutos de autonomía pueden intervenir en este ámbito, pero la configuración del sistema se realiza en una ley estatal, y tras una concertación con las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera". Artur Mas, líder de CiU, contestó desde Barcelona: "Después de ese discurso, no puede haber pacto sobre el Estatuto porque Cataluña necesita un régimen singular de financiación".

Solidarios con Ibarra

La solidaridad con Ibarra de todos los presidentes, sin importar el partido, generó un clima relajado. Zapatero tuvo para él palabras muy afectuosas: "Sé que su corazón será tan fuerte como sus ideas". Sólo algunas referencias al debate sobre la política hídrica, realizadas por los presidentes valenciano, murciano y aragonés, y algunas alusiones a la gestión de José María Aznar alteraron los ánimos de los senadores.

Aunque a última hora de la tarde, la bancada del PP volvió a su tono habitual, sobre todo después de que Zapatero, en la réplica, les acusara de "tener miedo a las reformas". El presidente elevó la temperatura del debate cuando explicó por primera vez por qué está dispuesto a aprobar el nuevo Estatuto catalán sin el PP. "Me hablan de consenso", se quejó. "Todos los estatutos se han aprobado con consenso del PP y PSOE, es cierto. Menos los de Cataluña y el País Vasco, en el 79. Porque en el resto de comunidades, las fuerzas mayoritarias son PP y PSOE, pero la representación política en Cataluña y el País Vasco es distinta a la del resto de España", sentenció entre airadas protestas de la derecha del hemiciclo.

En el larguísimo encuentro -en ocho horas hablaron 12 presidentes-, también hubo tiempo para asuntos de cada comunidad: autovías cántabras, problemas de la sequía en Murcia, la crisis minera en Asturias, el mercado del vino en La Rioja, las conexiones de Aragón con Francia..., pero sólo el Plan Hidrológico suscitó algo de debate.