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Zapatero apuesta por dar más competencias a las autonomías en justicia, inmigración y aeropuertos

El presidente anima al PP a sumarse a la reforma del Senado para no "perder el tiempo"

En su segunda intervención en el debate del Estado de las autonomías, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concretado las materias donde a su juicio las comunidades tienen margen para avanzar en su autogobierno. Justicia, inmigración, trabajo, nuevas tecnologías y aeropuertos son algunas de las parcelas donde las comunidades deben de asumir más competencias.

Zapatero, que ha intervenido por deseo propio al término del turno de los representantes de las Comunidades de Extremadura, Baleares y Madrid, ha destacado que estas competencias, "nuevas y deseables", en nada "afectan a la vertebración" del Estado y a la "suficiencia de la solidez del Gobierno". Así, ha abogado por avanzar en el régimen local, en la descentralización de la Justicia y en la responsabilidad autonómica dentro de un Poder Judicial único. Zapatero también ha apostado por conceder a las autonomías más competencias en inmigración en todo lo relativo a la coordinación de políticas con el Estado. También es necesario, a juicio del presidente, dotar de más autogobierno a las regiones en nuevas tecnologías o en el ámbito laboral. Asimismo, ha calificado de "posible y conveniente" su participación en la gestión de los aeropuertos y en que tengan competencias indirectas nuevas a través de la participación en organismos estatales con la reforma del Estado y en la Unión Europea.

Un Estado moderno, según Zapatero

El avance en el autogobierno de las autonomías ha de respetar la parcela exclusiva reservada al Estado, que según Zapatero debe de cubrir al menos el 20% del gasto público. Actualmente, este es el porcentaje vigente del gasto del Estado, sin contar Seguridad Social, ha dicho el presidente, que ha dicho que es importante fijar un "parámetro de distribución del gasto público". "Yo voy a fijar lo que creo que se razonable para tener un Estado suficiente, moderno y que funcione. Creo que el 20% del gasto público, sin contar Seguridad Social, tiene que estar en manos del Estado, es decir, del Gobierno central. Sumado a la Seguridad Social estaríamos en el 52-53%".

"A partir de ahí", ha continuado, "ya podemos discutir todo lo que representa la garantía de los derechos de las obligaciones constitucionales que el Estado tiene y que ejerce el Gobierno central". "Con el 20% del gasto público se garantiza de manera suficiente derechos, libertades, solidaridad, cohesión territorial y, por supuesto, la solidaridad interpersonal con la Seguridad Social".

Críticas al PP

Zapatero tampoco ha ahorrado críticas a la actitud del PP, que rechaza de plano cualquier reforma territorial. Así, ha advertido a los presidentes autonómicos de ese partido que su "prevención" hacia la reforma del Senado sólo hará "perder el tiempo", porque "antes o después se hará", y ya "hemos perdido bastante el tiempo sin haber abordado esta necesidad imperiosa". En este contexto, Zapatero se ha mostrado convencido de que la reforma del Senado serviría para mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías, pero ha recordado que la mayoría cualificada que requeriría la reforma constitucional, imprescindible para cambiar el papel de la cámara, Alta exige la Constitución para acometer esta modificación obliga a que cuente con el respaldo de las dos principales fuerzas políticas.

El presidente del Gobierno ha reconocido que la reforma de la Cámara Alta que propone sólo saldrá adelante si hay consenso entre PSOE y PP, y ha emplazado por ello a los dirigentes populares a reconocer que se trata de una "necesidad objetiva" de la que se habla desde hace muchos años y que no obedece a "un sesgo ideológico" en una u otra dirección, sino a una cuestión de "lógica y de sentido común".

Zapatero afirma que si se concediera al Senado la función de Cámara de primera lectura para leyes que afectan a las comunidades autónomas o para aprobar los planes de desarrollo territorial se acabarían las "evidentes disfunciones" que dificultan desarrollar determinadas políticas.