Zapatero se propone modificar cinco puntos clave del nuevo Estatuto catalán

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que la reforma del Estatuto de Cataluña no cambiará el modelo de Estado ni la Constitución, al contrario de lo que señala la dirección del PP. Zapatero propondrá, según su entorno, la modificación del texto de la reforma del Estatuto para adecuarlo a la Constitución, por la vía de la negociación política y con las garantías que ofrece la doctrina del Tribunal Constitucional en cinco puntos como las leyes orgánicas, el modelo de financiación, la unidad de mercado, los derechos ciudadanos y la definición de Cataluña como nación.

Zapatero afronta la reforma del Estatuto de Cataluña, que ha despertado inquietud social, con "normalidad democrática" y con "respeto" a un texto que refleja una mayoría del Parlamento catalán, de un 88,8%, y el peso del nacionalismo en la comunidad, en referencia a ERC y CiU que suman mayoría absoluta en su Parlamento. "Es el momento de la política con mayúsculas porque la esencia de la Constitución y el Estado de las autonomías es el pacto y, al final, quien decide es el Tribunal Constitucional", señalan en el entorno de Zapatero ante el reto negociador que se le plantea y en el que se ha implicado personalmente "por responsabilidad".

El presidente confía en el funcionamiento de las instituciones, como el Consejo Consultivo de la Generalitat y el Tribunal Constitucional, y en la "respuesta ciudadana" para lograr un "buen Estatuto que sirva para varias generaciones". Zapatero desdramatiza su contenido al señalar que "no cambiará el modelo de Estado" porque "no está en juego la distribución de poderes del Estado". Cree, sin embargo, que la reforma adolece de "exceso de bilateralidad" en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat y en esa dirección irán las enmiendas del PSOE.

La reforma del Estatuto pretende incidir en el modelo de Estado por vía directa con la modificación de leyes orgánicas del Estado, pero el Gobierno lo cree sólo un "desiderátum". El entorno de Zapatero juzga imposible ese cambio, que sólo puede ejecutarse a través de otras leyes orgánicas del Estado, y confía en que el debate se encauce en este punto por la negociación política en su tramitación en las Cortes.

Campo de colaboración

Cree, también, que existe un amplio campo de colaboración entre el Gobierno y la Generalitat en competencias que reclama el Estatuto, como aeropuertos. Para ello cuenta con la "importante jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre competencias".

El Gobierno señala otro punto de fricción en la reforma del Estatuto en su objetivo de reordenar el sistema bancario. El Ejecutivo no someterá a debate lo que afecte a la unidad de mercado, como tampoco está dispuesto a hacerlo con la Seguridad Social, ni con la autonomía local.

El modelo de financiación es otro asunto que el Gobierno propondrá modificar en la medida en que el texto plantea que Cataluña recaude los impuestos y no la Administración estatal. El Ejecutivo cree que este punto vulnera la Constitución, ya que el modelo de financiación debe acordarse entre todas las comunidades, aunque también reconoce su inspiración en el modelo federal alemán y norteamericano.

Zapatero estima, según su entorno, que el texto refleja "improvisaciones de última hora, fruto de la precipitada negociación", pero también que muestra las deficiencias del modelo de financiación, como que "no hay una clara separación de fuentes de financiación y de gasto".

Por ello, admite que la reforma del Estatuto servirá de base para cambiar el modelo de financiación general. Sucedió en 1993 y en 1996, tras las negociaciones de Jordi Pujol con los presidentes Felipe González y José María Aznar. "El modelo de financiación ha cambiado cinco veces y Cataluña ha sido su motor".

En cuanto al capítulo de derechos y obligaciones de los catalanes, el Gobierno se compromete a velar por que "los ciudadanos de esa comunidad no tengan ni un derecho más de los que puedan tener los de las demás comunidades". El Ejecutivo cree que el texto de la reforma es "tan reglamentista que puede perjudicar al propio Estatuto".

Zapatero sitúa la polémica definición de Cataluña como nación en el campo de lo "simbólico y no de lo jurídico". "¿Cuántas constituciones en el mundo llevan en su texto la palabra nación? ¿Qué pasaría si cualquier comunidad autónoma pasara a denominarse Estado como en Estados Unidos?", dicen fuentes próximas al presidente. "La clave está en que la denominación de nación para una comunidad autónoma no tenga fuerza jurídica y, por tanto, no genere derechos. A partir de ahí se puede compatibilizar la propuesta estatutaria con el artículo 2 de la Constitución que proclama la indisoluble unidad de España".