Maragall y Zapatero se reunirán esta semana para analizar la reforma estatutaria

La aprobación del Estatuto no ha afectado la fluidez en las relaciones entre el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, según fuentes del entorno del segundo. La Moncloa será probablemente escenario esta semana de un nuevo encuentro entre ambos, aseguran las mismas fuentes. En la reunión se abordará la situación generada por la aprobación de la reforma estatutaria y su tramitación en las Cortes. El jueves y sábado pasados ambos presidentes ya mantuvieron contactos telefónicos tras conocerse el alcance del acuerdo.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat no concretaron el día en que se celebrará la entrevista, que llega después de que el Gobierno central matizara la propuesta catalana sugiriendo que debe respetar "el interés general", al tiempo que, en clave positiva, la consideraba una oportunidad para España. Maragall aseguró en declaraciones a este diario que no concibe "que el Estatuto pueda ir contra el interés general". A estas distintas visiones se unen los interrogantes sobre cómo se negociará el Estatuto en el Congreso de los Diputados y cuál será el comportamiento de los diputados catalanes pertenecientes a los partidos que han dado apoyo al Estatuto catalán.

El encuentro de esta semana entre Maragall y Zapatero tendrá previsiblemente algunos de estos elementos en su orden del día. La última reunión que mantuvieron ambos presidentes fue precisamente el 22 del pasado mes de septiembre, en plena efervescencia del proceso negociador para el futuro Estatuto. En aquella ocasión, el líder de CiU, Artur Mas, estuvo presente en una parte de la reunión. De aquel encuentro los convergentes salieron con la idea que podían incluir su propuesta de concierto económico puesto que el Estatuto ya sería rebajado en Madrid.

La reunión fue objeto de una densa conversación entre La Moncloa y el primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y ministro de Industria, José Montilla. Sea como fuere, el encuentro a tres dio paso a un tenso fin de semana negociador entre las fuerzas del tripartito y Convergència i Unió. Los nacionalistas rechazaron la propuesta de financiación que les hizo llegar Maragall.

Pero aun persisten algunas incógnitas. De hecho, tanto CiU como el tripartito se atribuyen la paternidad de la fórmula de financiación finalmente aprobada. Fuentes del Gobierno catalán aseguraron ayer a este diario que la propuesta aprobada es literalmente la sugerida por la izquierda, a través del consejero de Economía, Antoni Castells.

De acuerdo con esta versión, CiU se hallaba políticamente contra las cuerdas: no había conseguido que Esquerra se sumara a su propuesta. Su última oferta de financiación fue rechazada de plano por el tripartito el jueves de la pasada semana. Los convergentes, conscientes de su escaso margen de maniobra, se decidieron por aprobar el documento presentado por la izquierda, aunque el texto finalmente aprobado se presentara como fruto de un pacto. CiU, contrariamente a lo que había anunciado el pasado jueves, no llegó a presentar públicamente su propuesta de financiación. Así que el último e inesperado escollo que encontró la negociación fue la presión de Unió, el socio democristiano de Convergència, para que se pusiera sordina o se eliminase el término laica referido a la escuela pública.

La historia comenzó cuando el pasado miércoles el Parlamento, con la oposición de CiU y PP, aprobó el capítulo de derechos y deberes del Estatuto. En él se subrayaba escuetamente la laicismo de la enseñanza pública. Al día siguiente y de manera absolutamente irregular, al discutir el título de competencias y en materia de educación, se aprobó un artículo -referente al respeto a los acuerdos internacionales, como lo es el suscrito entre el España y la Santa Sede- que entraba en contradicción con lo aprobado el día anterior.

Esta argucia legal permitió introducir una modificación para suavizar la mención al carácter laico. La nueva fórmula asegura que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo "con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública, en las cuales la enseñanza es laica".