La banca alerta del riesgo de fragmentación autonómica del sistema financiero

El nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado el viernes, ha llevado paz al Parlamento catalán pero ha desencadenado varias batallas jurídicas. La reacción del mundo financiero ha sido inmediata: cajas, bancos y compañías de seguros han transmitido al Ministerio de Economía su preocupación ante una posible fragmentación del sistema y la creación de tantos supervisores como autonomías existen. Economía ha asegurado a las entidades que "examinará con detalle todos los riesgos que pueda tener el nuevo Estatuto". El Banco de España coincide en que podría afectar a la solvencia del sistema.

La patronal de las aseguradoras teme una posible ruptura de la unidad de mercado

Algunos directivos sostienen que el modelo catalán contradice las tendencias europeas

Aunque la tramitación del nuevo Estatuto no empezará en las Cortes hasta noviembre, el proyecto tiene visos de seguir suscitando hasta entonces reacciones enfrentadas. El sistema financiero, olvidando su competencia feroz, se ha unido para pedir a los poderes públicos que frenen la actual redacción del Estatuto catalán en lo referente a las entidades financieras y las aseguradoras. En un principio, se planteó que el Estatuto sólo afectaría a los órganos rectores de las cajas de ahorros catalanas, pero ahora se considera que la reforma autonómica tiene consecuencias para todas las entidades financieras, también los bancos, que tienen presencia en Cataluña.

Las quejas fueron transmitidas al departamento que dirige Pedro Solbes antes de los últimos retoques realizados en la recta final de la negociación, si bien los cambios han sido mínimos respecto a los asuntos financieros.

Fuentes del Ministerio de Economía reconocen que "hasta nosotros ha llegado la preocupación de las entidades por las posibles consecuencias negativas que pudiera tener la normativa catalana para el sistema financiero".

A renglón seguido, aseguran que "se ha transmitido que se examinará con detalle la redacción del Estatuto para que el texto definitivo respete al máximo la Constitución".

Desde el Banco de España se apunta que "desde el inicio del debate se ha seguido con preocupación el asunto, porque se considera que el proceso de supervisión no debe disgregarse en un país con un sistema financiero sólido y bien gestionado".

A las aseguradoras tampoco les ha pasado inadvertida la cuestión. Fuentes de la patronal Unespa manifestaron que, "si bien no se ha presentado una queja formal ante la Dirección General de Seguros, sí se ha trasladado la preocupación del sector por la posible ruptura de la supervisión y la unidad de mercado". Las mismas fuentes apuntan que las aseguradoras catalanas han mantenido reuniones con los representantes políticos para explicarles la situación.

Para el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, la situación no es alarmante. Hace días sugirió la posibilidad de hacer retoques en el Estatuto durante la tramitación parlamentaria "en contacto estrecho" con el sector, y añadió que su objetivo sería "garantizar el mantenimiento del modelo catalán de cajas".

Ese modelo fue descrito por Castells como "no intervencionista" y respetuoso con la "independencia" de las entidades financieras. La Generalitat ha creado un grupo de trabajo con la Federación Catalana de Cajas, presidida por Ricard Fornesa, para abordar los posibles cambios.

Sin embargo, estas declaraciones no han tranquilizado al sector. ¿Qué es lo que

tanto temen las entidades financieras? En opinión de ejecutivos de grandes cajas y bancos, que prefieren mantener el anonimato, la redacción actual del Estatuto catalán podría provocar que esta comunidad autónoma se convirtiera en regulador y supervisor, "lo que automáticamente provocaría que todas las autonomías pidieran lo mismo. El resultado sería que el Banco de España se vaciaría de contenido y existirían tantos supervisores y reguladores como comunidades autónomas".

Los principales actores del sistema financiero consideran que, si esto ocurriera, se provocaría la fragmentación del mismo y la consiguiente inseguridad jurídica y económica.

Como señaló recientemente Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), "puede provocar que haya tantos modelos de entidades como autonomías". Pese a que Quintás se ha mostrado esperanzado con algunos posibles retoques de la redacción del Estatuto, la gravedad de la situación ha originado que el consejo de la CECA cree una comisión para estudiar este asunto, al frente de la cual está el máximo ejecutivo de la confederación, circunstancia inusual.

El modelo catalán, según estas opiniones, "va en dirección contraria a las corrientes europeas e internacionales. Nos regulamos por un solo Banco Central y el debate ahora es si se unifican o no los supervisores nacionales dentro de la Unión Europea. No tendría sentido que sólo un país tuviera 17 reguladores".

Bancos y cajas recuerdan que esta situación provocaría un fuerte aumento de los gastos y mayor dedicación de tiempo para atender a tantos supervisores. También señalan que la última petición de la Federación Bancaria Europea hacía referencia a los altos costes que supone la variedad de supervisores y legislaciones dentro de la UE, "algo que se agravaría en España".

También hay otro debate con el que choca la posición catalana. Se está discutiendo si los tres supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros) deben estar unidos o no, como ocurre en el Reino Unido, entre otros países.

Esta situación no ocurre en la UE. La potestad de supervisar entidades financieras no está desconcentrada en otros países europeos, incluso aunque cuenten con fuerte descentralización, como Alemania. Los estados alemanes o länder siguen el principio de unidad y uniformidad en materia de supervisión.

El proyecto de Estatuto atribuye a la Generalitat la competencia "exclusiva" sobre la regulación interna de las cajas domiciliadas en Cataluña (10 en total, entre las que destacan La Caixa y Caixa Catalunya), incluyendo sus órganos rectores. Según fuentes jurídicas, esta situación choca con la Ley de Ordenación y Regulación de Cajas de Ahorros, que es legislación básica, de aplicación en todo el Estado.

El Consejo Consultivo, equivalente en Cataluña al Consejo de Estado, ha validado, sin embargo, el encaje constitucional de ésta y las restantes disposiciones del Estatuto sobre las entidades financieras; salvo una, referente a la regulación de las agrupaciones de cajas, que ya ha sido corregida. Castells ha apuntado que el Estatuto sólo puede leerse a la luz del artículo 149 de la Constitución, que desgrana las "competencias exclusivas del Estado".

También se conceden competencias compartidas en la gradación de las infracciones y sanciones establecidas por el Estado. Asimismo, se establece la participación de la Generalitat en la acción inspectora y sancionadora ejercida por el Ministerio de Economía y el Banco de España.

Para las cajas domiciliadas fuera de Cataluña, el Gobierno autónomo también podrá participar en la inspección y sanción, así como en el control de las actividades realizadas en la comunidad. También tendría competencias compartidas sobre la estructura, organización interna y funcionamiento de los intermediarios financieros que tengan domicilio social fuera de Cataluña.

Incluso, lo que es más relevante, para aquellas entidades e intermediarios financieros que actúen en Cataluña, aunque su sede esté fuera la comunidad autónoma, tendrá competencia compartida en materia de disciplina, inspección y sanción.

Por último, pero no menos importante, el Estatuto establece que la Generalitat tenga participación indirecta en la concesión de autorizaciones discrecionales de la Administración del Estado y el Banco de España.