Rajoy enmienda a Aguirre y defiende el recurso contra los matrimonios gays

La ley de matrimonios homosexuales ha desatado una inhabitual crisis en el seno del PP a partir de unas declaraciones de Esperanza Aguirre, quien por la mañana advirtió de la "inoportunidad política" de presentar un recurso ante el Constitucional porque "se interpretará como un ataque a los homosexuales". Mariano Rajoy, su líder, desautorizó a la presidenta madrileña horas después al declarar: "Me cueste lo que me cueste, debo colocar la ley por encima del oportunismo político. Y si me equivoco, lo siento mucho". Por ello, Rajoy afirmó que presentará un recurso a una norma que él cree inconstitucional. E intentó acallar toda polémica con la afirmación de que la decisión la ha tomado él como líder del PP.

Esperanza Aguirre abrió la caja de los truenos en una entrevista matutina en TVE. Aseguró que si a ella le preguntaran su opinión en el órgano de decisión de su partido, el Comité Ejecutivo Nacional, diría: "Es posible que jurídicamente no sea constitucional, pero políticamente no se va a entender como una cuestión de constitucionalidad sino como un ataque a los homosexuales". Por eso, Aguirre aseguró que si la decisión fuera suya no recurriría la ley ante el Constitucional. Apostilló que, en la Comunidad de Madrid, ella "es presidenta también de los homosexuales" y defiende "los derechos de todos, sea cual sea su orientación sexual".

Esta declaración de Aguirre (que la presidenta madrileña redujo después, en conversación con este diario, a una "opinión personal" sin que suponga "menoscabo alguno a asumir las decisiones que tome el partido") la convirtió en ariete de muchas voces soterradas en el PP que, desde antes del verano, vieron mal la decisión de la dirección de votar contra la ley y confiaban ahora en que no llegase a presentarse el recurso de inconstitucionalidad.

Opiniones contrarias

Las voces discrepantes se han mantenido mayoritariamente en el anonimato. La excepción más conocida es la de la diputada Celia Villalobos, que fue la única que votó a favor de la ley. Los diputados José María Lassalle y Francisco Villar expusieron en una reunión interna del Grupo Parlamentario antes del verano su discrepancia. Son diputados relevantes, pues Lassalle forma parte del equipo que prepara los discursos de Rajoy y Villar es el jefe del gabinete del líder popular. A ellos, aunque sólo como opinión privada, se han unido en ocasiones las diputadas Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría, ambas con responsabilidades en la dirección del PP. Todos ellos, incluida Villalobos, pusieron ayer por delante la disciplina de partido y asumieron como indiscutible la decisión de su líder.

La tormenta amenazaba con tomar proporciones de crisis interna pues Esperanza Aguirre preside la Comunidad de Madrid y el PP madrileño. Sus opiniones tuvieron más resonancia política que el gesto de discrepancia de algunos alcaldes del PP, dispuestos a oficiar matrimonios homosexuales. Son los alcaldes y algún presidente de comunidad autónoma (como la valenciana) quienes han manifestado, casi siempre en privado, la inconveniencia política de que el PP parezca un partido homófobo.

El riesgo que la dirección del Partido Popular vio en las declaraciones de Aguirre es que podrían haber aglutinado a los descontentos. Rajoy decidió zanjar la posibilidad de una rebelión interna con una doble puesta en escena. Encargó por la mañana a Ignacio Astarloa, secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, que convocara a los medios para anunciar que él había ordenado presentar el recurso. Por la tarde, fue el propio Rajoy quien abandonó momentaneamente el Pleno del Congreso para dar una rueda de prensa con tema único: el recurso ante el Constitucional.

Ley y oportunidad

Astarloa avanzó cuál sería el argumento de Rajoy para justificar la impugnación ante el Alto Tribunal: "Cuando ante una ley se plantee la coyuntura de tomar una decisión entre la legalidad, la constitucionalidad y la oportunidad, siempre vamos a optar por la constitucionalidad y la legalidad. Siempre", declaró. Esta afirmación de Astarloa fue una respuesta directa a Aguirre, que horas antes había asegurado: "Si a mí me preguntaran -no por razones jurídicas, ni por razones de inconstitucionalidad, que probablemente lo es, no me cabe duda- sino por razones de oportunidad y por razones políticas, yo manifestaría mi opinión en el sentido de que no se recurriera".

Rajoy fue más allá. Defendió la presentación del recurso "por coherencia" con lo que que el PP votó en el Congreso y en el Senado. Negó rotundamente que ni él ni su partido tengan nada contra los homosexuales. "Yo llevaba en mi programa electoral una ley de parejas de hecho perfectamente constitucional porque no denominaba matrimonio a lo que, según la Constitución, es sólo la unión de un hombre y una mujer". Proclamó, al igual que Astarloa por la mañana, que "el PP, entre la ley y la oportunidad política, siempre estará con la ley". Y asumió que esta decisión puede tener un coste electoral y de imagen para su partido: "Me cueste lo que me cueste, tengo que colocar la ley por encima del oportunismo político".

Le preguntaron por las declaraciones de Aguirre y por el anuncio de Ruiz-Gallardón de oficiar el matrimonio de un militante homosexual del PP. Respecto a la presidenta, replicó: "Estoy de acuerdo con Aguirre en que la ley es inconstitucional. Y yo creo que la legalidad está por encima de la oportunidad política". Restó, a cambio, toda relevancia a la decisión del alcalde: "Estamos hablando de una ley y de su recurso al Tribunal Constitucional", contestó.

Rajoy reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que diga si cumplirá o no lo que diga el Constitucional. Él se comprometió a acatar el dictamen del Alto Tribunal y concluir ahí la polémica.