Abrazos y banderas republicanas tras la votación

Una norma no escrita del Congreso de los Diputados impide que aquellos que no disponen del acta de diputado hagan declaraciones públicas en el interior del hemiciclo. Así, la consejera de Cultura del Gobierno catalán, Caterina Mieras, y los miembros de la Comisión de la Dignidad que ayer presenciaron la aprobación de la ley que establece la devolución de los papeles del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña optaron por realizar fuera del edificio sus declaraciones públicas. El lugar elegido fueron las esculturas de los leones que presiden la entrada principal del edificio central del Congreso. El ambiente entre los miembros de la comisión y los miembros de los grupos catalanes era de euforia. Hubo besos, abrazos, fotos de familia y se exhibió una bandera republicana. "Es un día para recordar y para reconocer el esfuerzo del Gobierno y de todas las personas que lo han hecho posible", aseguró Mieras.

La consejera de Cultura no ocultó que apoyará la ley de la Memoria Histórica, que estudia una comisión interministerial desde hace meses y en la que se tratará de reparar moralmente a las víctimas de la guerra, para la devolución de todos los documentos a los ayuntamientos y a las entidades jurídicas que así lo requieran.

30 años reclamando

Algunos de los más de una veintena de miembros de la Comisión de la Dignidad que ayer viajaron hasta Madrid para presenciar personalmente la aprobación de la ley lucían papeletas pegadas a la solapa en las que se leía: "Volem tots els papers". Todos criticaron la postura "grotesca" de "sectores políticos y mediáticos" que han intentado a lo largo de este proceso presentar la ley como "un chantaje de los catalanes".

Uno de sus miembros más destacados, Antoni Strubell, manifestó su satisfacción por la ley aprobada, en la que se recoge "una reclamación de décadas", y expresó su intención de apoyar las reivindicaciones de otras entidades y organismos para que les sean restituidos los papeles incautados por las tropas franquistas. "Dictaduras militares como las de Chile o Argentina han tardado mucho menos en hacer algo tan básico", añadió. Strubell alabó que la ley aprobada permita también que se devuelvan los papeles a todos los particulares que lo pidan, pero añadió que "el último paso es conseguir que se restituyan los documentos a las instituciones que lo soliciten": "No hay argumentos para que queden fuera instituciones como los ayuntamientos del Gobierno vasco".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 15 de septiembre de 2005.

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