Los libros prestados llegan a los centros

El curso escolar que comienza el día 15 es especial. En los colegios públicos de Andalucía se va a implantar por primera vez el modelo de préstamo de libros de texto. Es la forma que la Junta de Andalucía ha escogido para universalizar la gratuidad de los mismos. Más de 160.000 alumnos de 1º y 2º de Primaria (6 y 7 años) usarán este nuevo sistema. Se pone así en marcha el decreto de la Junta aprobado el 16 de marzo.

La Junta planea aplicar el sistema de préstamo gradualmente en el resto de la educación obligatoria a partir del curso 2006-2007. Los responsables de la Consejería de Educación han estimado el coste total de la operación en unos 70 millones de euros (14,3 sólo en este curso). Con la paulatina implantación del préstamo, irán desapareciendo las ayudas del Ministerio de Educación, que el curso pasado benefició a 350.000 alumnos.

Con el préstamo el libro pasa a ser propiedad no del alumno ni de sus padres, sino del centro. Una vez finalizado el curso, el niño que lo haya usado deberá devolverlo al centro, que lo almacenará para que el curso siguiente pueda volver a ser reutilizado. Educación ha calculado que cada volumen podrá ser utilizado un mínimo de cuatro años, excepto en 1º y 2º de Primaria, que se renovarán anualmente.

El proyecto de la Junta ha contado desde el primero momento con el favor y el rechazo de distintos colectivos. Por un lado, las asociaciones de padres y alumnos han aplaudido la medida que llevaban años pidiendo. También los sindicatos de educación apoyan en general la iniciativa de la Junta, aunque temen que se les "sobrecargue de trabajo". Pero en frente tienen a los editores, distribuidores y libreros, que se oponen a una medida que acusan de ser "socialmente injusta y discriminatoria". La Junta alega, por su parte, que el préstamo es la única forma viable de implantar el sistema gratuito.

93 euros por alumno

En una reciente entrevista publicada en este periódico, la consejera de Educación, Cándida Martínez, explicó que desde su departamento se había fijado el gasto por alumno en 93 euros. Esa misma cifra es la que se destina en Aragón, Cantabria y el territorio administrado por el Ministerio de Educación. En función de ese dinero, cada centro contará con un presupuesto distinto. Y dentro de este presupuesto, los centros podrán elegir el material necesario con "total libertad".

Una vez determinado qué títulos son los escogidos, los padres recogen un cheque-libro en los colegios. En ese cheque se especifican las editoriales y los títulos, y con él se retiran los libros en las librerías. "Como cada centro tiene autonomía pedagógica, pueden elegir libros por un valor menor de esos 93 euros para, por ejemplo, costear con la diferencia el material propio que tienen previsto elaborar durante el curso", dijo la consejera. En este aspecto, Martínez hizo referencia a una idea que las asociaciones de padres como CODAPA defienden: el fomento de la creación de material curricular propio de los centros escolares.

En el otro lado de la balanza se encuentran los editores. El pasado 20 de abril se reunieron en Sevilla para firmar un manifiesto por el que se oponían al cambio en el sistema de gratuidad, que consideran que ya existía. Los editores han querido dejar bien claro desde el primer momento que no se oponen a la gratuidad en sí, si no al sistema escogido: el préstamo. Entre sus múltiples críticas afirman que se les mantuvo al margen durante la preparación del proyecto de la Junta. "Eso es algo completamente falso", responde Sebastián Cano, viceconsejero de Educación, quien afirma que desde el 17 diciembre de 2004 ha mantenido un total de 11 reuniones con ellos, tanto en la Comisión de Seguimiento y como en la Permanente. Cano añade que se han aceptado todas las alegaciones y sugerencias que se han echo desde los editores. "Todas excepto una, no hemos aceptado su intención de eliminar la gratuidad", matiza el viceconsejero.

Los editores defienden el método del cheque-libro utilizado desde 2001. Por este sistema, la Junta ayudaba a sufragar los costes de los libros mediante cheques canjeables en las librerías que ellos elegían. Ahora temen perder el 75% del mercado "si es cierto que habrá que cambian cada cuatro años. Cosa que por ejemplo en Castilla La Mancha ocurre cada seis o siete años", dice Manuel Cruz, presidente de la Federación Andaluza de Libreros (FAL).

Los editores creen también que se crearán dos tipos de alumnos: los que pueden pagar, que obtendrán libros nuevos y en propiedad, y los pobres que tendrán que utilizar libros usados. En este sentido, los editores también vaticinan que se "acentuarán las diferencias entre los centros públicos y los privados- concertados. Así, Manuel Ruiz, teme que los "los centros privados-concertados pueden pedirles a los padres que inviertan un dinero extra [a los 93 euros presupuestados por la Junta] para que comprar libros mejores". Por último, el gremio ha advertido en numerosas ocasiones que el sistema de préstamo ha fracasado en países como Francia, Reino Unido o Alemania.