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LA FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT SANITARIO

El Gobierno mejora su propuesta de financiación sanitaria y ve posible un acuerdo

La nueva oferta recoge las aportaciones de las comunidades socialistas y algunas del PP

Claudi Pérez

El Gobierno se comprometió ayer a mejorar la propuesta de financiación para atajar el déficit sanitario. El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, explicó que la aportación presupuestaria del Estado, que ascendía inicialmente a 1.000 millones de euros en dos años, "no está cerrada", y recogió algunas de las propuestas lanzadas por los consejeros autonómicos de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se dilató durante más de seis horas. Las comunidades del PP presentaron una contraoferta que incluye una aportación del Estado de 1.800 millones de euros anuales y rechazaron cualquier subida de impuestos, aunque aseguraron que con la modificación de la propuesta del Ejecutivo es posible un punto de encuentro.

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Al margen de la ampliación del cheque de 1.000 millones en dos años, Solbes explicó que el Gobierno acepta también ampliar hasta 2007 el fondo de garantía sanitaria, un mecanismo por el que el crecimiento de los recursos nunca puede estar por debajo del crecimiento del PIB, "hasta que se reforme el modelo de financiación autonómica". El vicepresidente señaló que ve posible un acuerdo con las comunidades.

La propuesta que presentará Zapatero en la Conferencia de Presidentes incluye la subida de los impuestos de alcohol y tabaco ya anunciada y aportaciones adicionales para la asistencia de residentes extranjeros y los accidentes de trabaajo no cubiertos por mutuas laborales, además de la mejora de los anticipos de la recaudación por los impuestos compartidos y la aportación por insularidad.

Las comunidades autónomas -tanto las gobernadas por socialistas como las gestionadas por el PP- desgranaron a lo largo de más de cuatro horas de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera una batería de propuestas para incrementar la oferta del Gobierno.

La contraoferta del PP eleva la aportación del Estado a las comunidades a 1.800 millones anuales, "y no durante dos años, sino consolidables", explicó el consejero valenciano de Economía, Gerardo Camps, quien rechazó "cualquier subida de impuestos" y aseguró que ese incremento "debe correr a cargo de los Presupuestos del Estado, ya que el déficit sanitario no se puede imputar a la gestión de las comunidades, sino al aumento de gasto derivado del crecimiento de la población desde 1999".

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Con todo, tras finalizar la reunión del Consejo, Camps valoró positivamente la nueva oferta de Solbes porque "retira la propuesta inicial" y la "modifica en los términos que hemos planteado". Camps aseguró que es posible "un punto de encuentro" en la Conferencia de Presidentes del sábado.

La consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Inmaculada García, del PP, manifestó que desde el año base del sistema actual, 1999, ha habido un crecimiento de 3,7 millones de habitantes y opinó que el "ajuste necesario ha de hacerlo el Gobierno central, puesto que es un problema de solidaridad e igualdad". A su juicio, el Estado debería aportar "un mínimo de 1.800 millones de euros que se consolidarán en el modelo".

El PP asegura que esa cifra se deriva de estudios del Gobierno. Además pide que esa cantidad evolucione y se reparta entre las comunidades con los mismos criterios que se recogen en el modelo actual, que contemplan no sólo la población de cada autonomía, sino su envejecimiento y el hecho insular. En opinión de Inmaculada García, el crecimiento del presupuesto del Estado previsto para 2006, de un 7,6 por ciento, da un margen suficiente para la aportación que se pide al Estado si el Gobierno considera prioritaria la Sanidad.

También las comunidades gobernadas por el PSOE pidieron una mejora de la propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, cuantificó en 3.300 millones de euros la actual mejora de la financiación frente a un déficit anual de unos 7.000 millones. El consejero catalán pidió al Ejecutivo una aportación de 1.000 millones durante dos años -el doble de lo que ofrecía Solbes- y el mantenimiento del fondo de garantía hasta 2007.

Además, reclamó aportaciones específicas para la atención a los no residentes y para los gastos que atiende el sistema de salud que deberían correr a cargo de las mutuas y de la Seguridad Social. También solicitó un incremento de los anticipos a cuenta del fondo de suficiencia y de los impuestos compartidos, una de las posibles soluciones que baraja el Gabinete.

Tras la reunión, las comunidades socialistas coincidieron en valorar el esfuerzo hecho por el Gobierno para asumir sus aportaciones y mejorar su propuesta de financiación, y señalaron que es posible que se llegue a un acuerdo en la próxima Conferencia de Presidentes.

Los ministros Jordi Sevilla, a la izquierda, y Pedro Solbes, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los ministros Jordi Sevilla, a la izquierda, y Pedro Solbes, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.EFE

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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