Una solución para un tercio del problema

El Gobierno socialista pretende seguir la senda marcada por el PP con el modelo de financiación autonómica vigente desde 2002 y que el Ejecutivo de José María Aznar logró aprobar con el respaldo de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE.

El ministro de Hacienda, entonces Cristóbal Montoro, consiguió el consenso sobre un sistema que se anunciaba como definitivo, que daba a las autonomías más capacidad normativa para que pudieran tener más poder sobre sus ingresos tributarios y que establecía una nueva figura impositiva para gravar la venta minorista de hidrocarburos.

El primero que se apuntó a la subida de impuestos fue el propio Ejecutivo central del PP, que subió 0,024 euros el litro de combustible en todo el Estado.

La idea fue del Gobierno catalán, entonces en manos de CiU, para paliar el déficit por la prestación del servicio sanitario. El Ejecutivo de Aznar acogió con satisfacción la propuesta pese a la resistencia de algunas comunidades donde gobernaba el PP.

Los socialistas, empezando por el actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaron aquella subida de impuestos y sus comunidades se negaron a aplicar la posibilidad de gravar la gasolina con el recargo autonómico. Madrid, gobernada entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fue la primera comunidad en imponer el denominado céntimo sanitario (0,01 euros por litro de gasolina). Siguieron a Madrid, las autonomías de Baleares (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP) y Cataluña (el tripartito de PSC-ERC-ICV puso el máximo 0,024).

Ahora, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero presenta una propuesta para aumentar los ingresos públicos para financiar el gasto sanitario sin cambiar el modelo del PP. Una iniciativa que pasa por una subida de los impuestos del tabaco (poco más del 5% de media) y del alcohol (10%) en toda España y una aportación directa a través de los Presupuestos del Estado de 500 millones de euros en 2006 y otros 500 millones en 2007. Además, la propuesta que el Gobierno debatirá con todas las autonomías el próximo 7 de septiembre permite a las comunidades duplicar el gravamen sobre la venta minorista de hidrocarburos, y poder establecer un recargo de dos puntos en el Impuesto sobre la Electricidad.

La propuesta se votará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde al Gobierno le basta con el apoyo de una de las comunidades autónomas para sacarla adelante, ya que tiene la mitad de los votos de ese organismo.

Si las autonomías aplican todas las posibilidades que prevé el Ejecutivo se sumarían casi 1.900 millones de euros de ingresos extraordinarios a los 625 millones que garantiza la Administración central mediante subida de impuestos estatales y aportación directa a través de los Presupuestos Generales del Estado. En total, 2.500 millones de euros, que quedan todavía muy lejos de las necesidades estimadas por el grupo de expertos al que el Gobierno encargó el estudio sobre la financiación sanitaria.

Este año, según ese grupo de expertos, las autonomías terminarán con una diferencia de casi 7.226 millones de euros entre los ingresos para financiar la sanidad y los gastos (véase gráfico).

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda restan valor a la cifra que apunta un déficit superior a los 7.000 millones de euros y aseguran que existen otros estudios que rebajan esa cifra. Además, recuerdan que en la propuesta del Ejecutivo también figuran una serie de medidas encaminadas a moderar el gasto sanitario de las comunidades autónomas mediante la implantación del uso racional de los medicamentos o la mejora de los criterios en la gestión de compras.

Sólo tres años después de que el Ejecutivo de Aznar aprobase un modelo que garantizaba supuestamente las necesidades financieras de las autonomías, las comunidades, incluso las gobernadas por presidentes del Partido Popular, han reconocido que el sistema es claramente insuficiente para financiar sus gastos sanitarios. Pese a ello, los dirigentes autonómicos del PP ya han anunciado su rechazo a la propuesta del Gobierno por insuficiente, y reclaman que el déficit sanitario que padecen las comunidades donde gobiernan sea sufragado directamente por los Presupuestos Generales del Estado.

Una reclamación muy alejada de la reflexión que en su día hicieron los responsables del Gobierno de José María Aznar para defender el vigente modelo de financiación autonómica: "La corresponsabilidad fiscal nos lleva a dos conclusiones. Si se quiere incrementar el gasto, se incrementarán los recursos de la comunidad, pero no por la vía de pedírselos al Estado, sino por la vía de pedírselos a los ciudadanos de dicha comunidad, solicitándoles [que asuman] una mayor presión fiscal".