Zapatero sube impuestos para pagar la sanidad

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propone como solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria un aumento del 10% del impuesto estatal sobre el alcohol y el 5% del tabaco, así como la posibilidad de que las comunidades establezcan recargos de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad y dupliquen hasta 4,8 céntimos de euros por litro el gravamen por venta minorista de hidrocarburos. El Gobierno aportará a las autonomías 1.000 millones de euros en dos ejercicios a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, precisó que la propuesta no modifica el modelo de financiación pactado por las comunidades con el Gobierno del PP.

El Ejecutivo pone 2.500 millones y reta al PP a "presentar una alternativa diferente"

"Lo que hace", aclaró el ministro, "es aportar más dinero del que había", y adelantó la cifra de 2.465 millones de euros como la aportación extra para financiar la sanidad de llevarse a cabo todas las medidas propuestas por el Ejecutivo socialista.

El Gobierno de Zapatero defenderá esta propuesta ante los representantes de todas las autonomías el próximo 7 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como la mejor solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria. Esa sesión será preparatoria de la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebrará tres días después, el sábado, 10 de septiembre, en el Senado, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Previsiblemente, y como en la primera Conferencia de Presidentes, la sesión será clausurada con un almuerzo presidido por el rey Juan Carlos en el Palacio Real.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aclaró ayer que la propuesta es un "punto de partida" para el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "En ese órgano, nadie está dispuesto a perder nada y todos estamos dispuestos a que nadie pierda nada", señaló. También sugirió Solbes que la oferta de 1.000 millones de euros que la Administración central aportará en dos ejercicios a través de los Presupuestos Generales del Estado podría ser aumentada en la negociación con las comunidades autónomas.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, justificó las medidas propuestas ante el "serio problema" que plantea el déficit sanitario, del que se hizo eco el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras escuchar a todos los presidentes autonómicos en la ronda que mantuvo con ellos en La Moncloa. El gasto sanitario crece por encima del PIB.

El ministro aclaró que la sanidad es una competencia de las comunidades y que el Gobierno central había decidido intervenir "por responsabilidad, ante el grave problema suscitado para garantizar las prestaciones".

Sevilla aseguró que la propuesta no modifica el modelo de financiación vigente, aprobado por el Gobierno del PP con las comunidades autónomas en 2001, sino que "lo revisa para mejorarlo". Emplazó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que "si tiene una alternativa diferente, que la diga y la ponga encima de la mesa".

Sevilla pormenorizó la propuesta, que supone una aportación de ingresos anual al sistema sanitario de 2.465 millones de euros. Una de las vías es la aportación presupuestaria del Estado de 500 millones para este ejercicio y otros 500 millones para el siguiente, que se repartirá a las comunidades siguiendo los mismos criterios, con la población actualizada, del sistema de financiación vigente. Otro paquete de medidas de aumento de los ingresos procede de los impuestos. Con la elevación del 10% de las tasas sobre el alcohol, los ingresos adicionales estimados son del 25,4 millones de euros, y con la del 5% del tabaco, el Gobierno calcula un ingreso extra de 101 millones de euros.

Por la vía del ejercicio pleno de la capacidad normativa ya existente sobre el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos y sobre determinados medios de transporte, el Gobierno calcula que las autonomías podrían ingresar 696 millones de euros. Actualmente sólo aplican este impuesto cinco comunidades: Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Gobierno plantea un tercer camino posible de obtención de ingresos por vía impositiva: duplicar la capacidad normativa de las autonomías sobre el impuesto de las ventas minoristas de hidrocarburos, que supone una estimación de ingresos de 819 millones de euros. Asimismo, ofrece la posibilidad de establecer un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre electricidad, con un cálculo estimado de ingresos de 321 millones de euros.

Una última medida del Gobierno, aplicable sólo para este año, es el aumento transitorio de los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%. El cálculo estimado de ingresos por esta vía es de 800 millones de euros.

Solbes, aclaró que el Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas más capacidad para subir impuestos, pero su aplicación será "voluntaria". A su vez, Sevilla garantizó a las autonomías que no asuman la propuesta que no sufrirían ninguna penalización, en contraste con lo sucedido en 1996, cuando el Gobierno de Aznar no pagó a las comunidades, gobernadas por el PSOE, que cuestionaron el modelo de financiación autonómica.

La obligación de asumir el modelo para cobrar se repitió en 2001, cuando el Gobierno del PP aprobó el modelo de financiación sanitaria vigente. Como todas las comunidades lo asumieron, en esa ocasión no hubo penalización.

El vicepresidente económico del Gobierno también reconoció que "no es un momento óptimo" para subir el impuesto de los carburantes, cuya capacidad normativa es mayor para las autonomías. Pero precisó que en España "la situación de la fiscalidad está por debajo de la media comunitaria" y que, en definitiva, "hablamos de céntimos, de un impacto muy reducido en la inflación". También aclaró que las comunidades no tienen por qué aplicar su mayor capacidad normativa "mañana mismo".

A la ministra de Sanidad, Elena Salgado, le correspondió explicar las medidas propuestas por el Gobierno para moderar el crecimiento del gasto sanitario, que ha aumentado por el envejecimiento de la población, las mejoras tecnológicas o las decisiones de gestión, entre otras causas.

Salgado propuso la implantación de criterios racionales en la gestión de las compras, el aseguramiento de la calidad y el uso racional de los medicamentos, el uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, consolidar los incentivos a los profesionales sanitarios y reforzar las agencias de evaluación de las tecnologías.

También anunció que el grupo de análisis del gasto sanitario continuará con sus tareas para proponer medidas de racionalización del gasto con un doble objetivo: que las comunidades logren que no crezca por encima del producto interior bruto (PIB) y que se comprometan a revisar sus gastos no sanitarios para obtener recursos adicionales para financiar la sanidad.