El secuestro de la estadística

En noviembre de 2004, según los datos proporcionados ante el Senado por la ministra de Sanidad, en España había 406.264 pacientes en lista de espera quirúrgica. De ellos, 34.977 llevaban esperando más de seis meses. En la mayoría de los casos se trataba de operaciones relacionadas con la movilidad de los enfermos o con su visión. "Es una espera inaceptable", aseguraba Elena Salgado. Efectivamente, la ceguera o la invalidez no se pueden soportar con facilidad, por mucho que, cínicamente, se las considere como "molestias".

Desde noviembre hasta hoy es probable que esos datos no hayan mejorado. Desde luego lo que ha empeorado es la estadística: ahora ya no hay forma de saber cuánta gente está esperando, porque todas las promesas de crear una "Iniciativa Estratégica en Listas de Espera" (como lo denominó la señora Salgado) han quedado en agua de borrajas. Hace mucho tiempo que las comunidades autónomas, responsables directas de la gestión sanitaria, no ponen en común los datos sobre la salud de sus ciudadanos.

En este país, aquí y ahora, no hay manera, ni tan siquiera, de crear un registro "nacional", "federal", "estratégico" o como quiera que se les antoje llamarle con datos sobre los casos de cáncer que se registran anualmente y cuya existencia sería muy conveniente para mejorar la prevención o el diagnóstico precoz de la enfermedad o para avanzar en la todavía poco extendida búsqueda de tratamientos individualizados.

Lo increíble es que en España, o mejor dicho en sus 17 comunidades autónomas, los datos sobre la sanidad y la salud son "propiedad" de los políticos y que los ciudadanos y los expertos se las ven y se las desean para conseguir migajas de información. Ahora que se habla tanto de una nueva distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas quizás sería el momento de reclamar la centralización obligatoria y omnímoda de todo tipo de datos estadísticos. Es urgente disponer de un centro como el Servicio Federal de Estadísticas de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) en el que cualquier ciudadano puede saber desde el número de pinos plantados en Utah hasta la mortalidad por cáncer en cualquier Estado de la Unión.

El próximo día 10, el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas van a hablar de la reforma de la financiación sanitaria. Es seguro que para acortar el tiempo de demora en ingresos hospitalarios no urgentes (es decir, siempre que no te estés muriendo) o para conseguir que las consultas con especialistas o la práctica de algunas pruebas diagnósticas no se prolongue más allá de lo insoportable hace falta dinero. Está claro que España sigue a la cola de la UE en camas de hospital: 4,1 por 1.000 habitantes (sólo 2,5, si se consideran exclusivamente los hospitales públicos) frente a las 9,1 camas de Alemania. (Es cierto que en Suecia sólo hay 3,8 camas por 1.000 habitantes, pero allí existe una gran red de asistencia a domicilio que aquí ni soñamos). Es cierto que el presupuesto dedicado a atención sanitaria en España se mantiene en el 5,4% del PIB, por debajo de la UE. Todo eso es cierto y de todo eso deben hablar.

Pero no basta. Los ciudadanos tienen que poder participar más activamente en los asuntos que afectan a su salud y para ello lo primero es crear mecanismos que obliguen a los Gobiernos de las distintas comunidades a actuar con transparencia y a dejar de secuestrar, y manipular, la información. Los ciudadanos tienen derecho a disponer fácilmente de todos esos datos. No se trata de algo a negociar, sino de un derecho elemental, aunque hasta ahora la mayoría de los políticos haya preferido negarlo.

Y sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a hacer algo que los políticos parecen odiar: comparar entre comunidades. Derecho a saber si se tarda más en operarse de cataratas en una comunidad o en otra. Saber lo que gasta per cápita en sanidad, el número de camas de que disponen, si se detecta antes el cáncer de colon en un lado o en otro o si el número de especialistas o de enfermeras es superior o inferior aquí o allí. Derecho a contabilizar cuánto está pagando cada ciudadano (porque está claro que todo caerá finalmente sobre sus hombros) y en qué se gasta. Porque ésa es la única manera de apreciar qué hacen los políticos. Y de recapacitar sobre lo que significa la igualdad. solg@elpais.es