Bush designa un juez conservador para el Supremo y abre el debate sobre el aborto

El nombramiento del juez John Roberts como magistrado del Tribunal Supremo por parte de George W. Bush abrió desde ayer el debate sobre su perfil y sus opiniones. Roberts, de 50 años y católico, es claramente conservador, y en su historial, muy destacado como abogado pero corto como juez, hay elementos ambiguos. La mayor preocupación para los demócratas y otros grupos es que refuerce la actual minoría de jueces que quieren modificar o suprimir el derecho al aborto. La edad del juez es importante, porque el cargo es vitalicio, y Roberts podría estar 25 años en el Supremo.

Si es confirmado -los debates se celebrarán en septiembre- sustituirá en el Supremo a Sandra Day O'Connor. Roberts, presentado por Bush como "un hombre de extraordinarios logros y capacidades", se graduó en Harvard y empezó su carrera como asistente del juez del Supremo William Rehnquist, ahora presidente y gravemente enfermo. Trabajó para el Departamento de Justicia y fue asesor jurídico en la Casa Blanca de Ronald Reagan. Ejerció después la abogacía privada en un despacho de Washington y, en 2003, después de haber vuelto a Justicia, fue nombrado juez de un tribunal de apelación por George W. Bush.

Una amplia representación de expertos coincidió, nada más conocer el nombramiento, en que las credenciales jurídicas de Roberts son suficientemente sólidas como para anticipar que el Senado aprobará la decisión de Bush. Harry Reid, líder de la minoría demócrata, admitió que con la primera impresión, Roberts parecía "adecuado". También dijo que eso no es suficiente: "El Senado debe revisar su historial para determinar si tiene un claro compromiso con los valores básicos americanos de libertad, igualdad y justicia".

Aunque no faltan los asuntos polémicos que pasarán por el Supremo en los próximos años, desde los matrimonios gays hasta la investigación con células madre o el suicidio asistido, la incógnita del juez Roberts tiene que ver con el aborto. La sentencia del Supremo de 1973 conocida como Roe contra Wade dio respaldo constitucional a la interrupción del embarazo. Casi un 70%, según Gallup, no quiere que eso se cambie, pero desde aquella fecha los grupos religiosos evangélicos han llevado a cabo una campaña sin descanso para limitar o anular la sentencia. En 1991, cuando trabajaba para el Gobierno de Bush padre en calidad de abogado del Departamento de Justicia, Roberts intervino en un asunto en el que escribió que el caso Roe contra Wade "se decidió erróneamente y debería ser anulado".

Hace dos años, cuando fue nombrado juez, Roberts tuvo que explicar su postura de entonces y dijo que actuó como abogado, por encargo, y que "la decisión del Supremo en el caso Roe contra Wade es vinculante" y la respetaría, "independientemente" de sus "opiniones personales". También dijo que se trataba de una doctrina jurídica "afianzada" en EE UU.

¿Será suficiente para los demócratas y los grupos de defensa del aborto? En septiembre se podrá comprobar, pero la batalla será importante, porque es mucho lo que está en juego cuando se confirma a un magistrado del Supremo, que hace las veces de Tribunal Constitucional en EE UU. "No habrá una confirmación automática por consenso, pero tampoco lo contrario, una oposición de principio. Estamos en un término medio y haremos muchas preguntas y una investigación concienzuda antes de tomar una decisión", adelantó el demócrata Charles Schumer.

Para los grupos de defensa del derecho al aborto, el nombramiento es muy negativo, y ayer convocaron su primera manifestación de protesta frente al Capitolio.

Cuando fue nombrado juez del tribunal de recursos del Distrito de Columbia (donde se encuentra la capital), Roberts contestó así al ser preguntado por su ideología: "Como abogado, no he tenido orientación ideológica. He tenido clientes conservadores y liberales (...) y en todos los casos he dejado de lado mi perspectiva personal para cumplir con mis obligaciones profesionales".

La semana pasada, Roberts formaba parte del tribunal que echó por tierra la decisión de otro tribunal que había considerado ilegales las comisiones militares del Pentágono para juzgar a los detenidos en la base de Guantánamo. El argumento fue que el Congreso, aunque formalmente no declaró la guerra a Irak, de hecho sí lo hizo al dar al presidente la autoridad que requería, y en ese sentido no se puede negar al Gobierno los juicios militares especiales que pretendía llevar a cabo.

La acogida en los principales diarios fue cautelosa. "Un conservador, pero no un cruzado ideológico, que tiene admiradores entre los liberales", señaló The Washington Post, cuya principal inquietud es el desconocimiento de sus opiniones. Lo mismo editorializó The New York Times: "Si es un conservador en la línea de O'Connor, debería ser confirmado; pero no debería serlo si un escrutinio más exigente le revela como un ideólogo extremista".