Bush elige juez
El presidente George W. Bush ha propuesto a un magistrado conservador republicano, John Roberts, para reemplazar a la juez Sandra Day O'Connor en el Tribunal Supremo de EE UU, máximo catalizador de las actitudes sociales de ese país. El nombramiento de Bush, primero que hace para la más alta instancia judicial, desatará presumiblemente una batalla partidista antes de su confirmación tras las preceptivas audiencias del Senado. Y no será el único, dada la grave enfermedad del anciano presidente del Supremo, el juez William Rehnquist.
Desde que se conoció la renuncia de O'Connor, una conservadora moderada, Washington se convirtió en escenario de una frenética batalla de influencias. Bush ha sido sometido antes de su anuncio a un intenso cortejo por las dos alas de su partido. Se calcula que diferentes lobbies gastarán entre 50 y 100 millones de dólares para hacerse oír a favor y en contra, antes y durante las audiencias de confirmación de Roberts.
Los republicanos más ultramontanos exigían al presidente -que ha pasado por encima de su amigo Alberto Gonzales, el fiscal general, y tampoco ha escuchado a quienes le pedían el nombramiento de una mujer- utilizar la vacante para volcar hacia la extrema derecha la suprema instancia judicial. Los más moderados querían a alguien capaz de inclinar la balanza entre las ramas conservadora y liberal del tribunal de nueve miembros, un papel arbitral muchas veces ejercido por la juez O'Connor, que fue nombrada por Ronald Reagan.
El nombramiento de jueces para el Supremo es un momento trascendental de la vida política estadounidense y la decisión interior más importante del segundo mandato de Bush. El alto tribunal es por antonomasia la institución que moldea el perfil del país y sus miembros vitalicios acaban imponiendo valores retrógrados o progresistas sobre el conjunto de los ciudadanos. De ahí la decisiva importancia del equilibrio interno de esta institución. Además de tener la última palabra sobre todos los temas legales, es el foro de resolución de las más enconadas cuestiones sociales, desde el aborto a la pena de muerte o la separación Iglesia-Estado. En los próximos años pasarán previsiblemente por sus salas las uniones homosexuales o la investigación con células madre. El Supremo es el único brazo del poder que los conservadores no controlan todavía.
Poco se sabe sobre las capacidades para el cargo de John Roberts, de 50 años, cuya aprobación presumiblemente pondría el sello de Bush en el alto tribunal durante décadas. A juzgar por las primeras reacciones demócratas, sin embargo, parece que el juez, pese a controvertidos puntos de vista sobre el aborto, encajaría sin problemas en la derecha civilizada. El Senado tiene ahora por delante el cuidadoso escrutinio de su currículo y de sus actitudes básicas respecto a los valores primordiales estadounidenses.
