Una ONG denuncia a Uribe y a la milicia de ultraderecha ante la Corte Penal

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), una organización no gubernamental que asesora a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por grupos paramilitares en Colombia. La solicitud extiende su denuncia al Gobierno de Bogotá y a varios de sus representantes, incluido el presidente Álvaro Uribe.

Según los documentos depositados en La Haya ante la sede del CPI, los grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían cometido más de 2.000 crímenes contra la humanidad. Entre los mismos figuran asesinatos, a veces en grado de matanza, persecuciones y desplazamientos forzosos de la población civil. La FIDH asegura que dichos delitos siguen cometiéndose, a pesar de que los propios paramilitares anunciaron en 2002 el cese de sus ataques. Desde entonces negocian su futuro con el Gobierno colombiano.

Amnistía encubierta

"La vigente Ley de Justicia y Paz, presentada por las autoridades como el marco adecuado para desmovilizar a los combatientes ilegales, constituye en realidad una amnistía encubierta que expresa la falta de voluntad y capacidad para investigar y juzgar estos crímenes contra la humanidad", en palabras de Didiki Kaba, presidente de la FIDH. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ya pidió en marzo pasado a Bogotá información sobre la comisión de estos mismos crímenes.

Además del presidente Uribe, denunciado por permitir la comisión de los crímenes con su pasividad, aparecen en la documentación los ministros de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, y su colega de Defensa, José Alberto Uribe. El alto comisionado colombiano para la Paz, Luís Carlos Restrepo, figura también entre los gobernantes que habrían sido cómplices por su negligencia en la comisión de los crímenes.

Entre los 10 jefes paramilitares incluidos en la denuncia de la FIDH aparece Rodrigo Escobar, encargado de las milicias del norte del país; Don Berna Murillo, que operaría en la zona de Medellín, y Ernesto Báez, que actúa en el eje cafetero del interior del país.