El PP acepta la enmienda del PSOE para acotar los fondos que irán a Cataluña
La portavoz de cultura del Partido Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones, aseguró ayer que su grupo considera "razonable" aceptar la enmienda del PSOE en la que se acota el tipo de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, que se devolverán a Cataluña. Durante la primera ponencia parlamentaria se aceptó así una enmienda del Grupo Socialista que intenta clarificar que los documentos que serán devueltos son aquellos que pertenecían a personas naturales o jurídicas de carácter privado, que en el momento de la incautación por parte de la Delegación del Estado para la devolución de Documentos (DERD) tenían "residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña".
Según el Partido Popular, es imprescindible establecer un "marco global y un criterio técnico" que sustente la ley. "Creemos que si hay requisados documentos que son de personas o instituciones no catalanas deben permanecer en el Archivo y seguir otro cauce a la hora de la devolución", aseguró Rodríguez-Salmones. La portavoz del PP explicó que la base de la objeción de su grupo es que "en lugar de hacer una ley ad hoc para una devolución concreta a una comunidad concreta, se debe hacer un marco general donde se traten todas las solicitudes de documentos similares".
La ponencia encargada de estudiar el traslado de los papeles de Salamanca se reunió ayer por primera vez para examinar posibles modificaciones y trabajar por su aprobación definitiva, que tendrá lugar, previsiblemente, a mediados de septiembre. La ponencia aceptó la inclusión en el proyecto de ley de dicha enmienda por la que será la Generalitat el organismo encargado de gestionar la devolución de los documentos del Archivo a las personas físicas domiciliadas en Cataluña. El procedimiento de devolución de documentos procedentes de otras comunidades autónomas se efectuará conforme a las pautas que establezca el Gobierno.
Fuentes del grupo socialista han indicado que hay más enmiendas "vivas" que podrían modificar el proyecto de ley, como las registradas por el PP o el PNV.
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