Bolivia prepara la reforma constitucional para renovar todos sus cargos políticos

El presidente, Eduardo Rodríguez, y el Parlamento de Bolivia se han puesto manos a la obra para reformar la Constitución y permitir la renovación de todos sus políticos, desde el presidente, pasando por los legisladores, hasta los gobernadores provinciales. La prioridad del nuevo Ejecutivo es aprovechar la tregua social para la convocatoria de elecciones. Rodríguez quiere evitar a toda costa el tener que abordar la nacionalización de los hidrocarburos y el referéndum autonómico impulsado por Santa Cruz, dos temas que complicarían la salida de la crisis.

Los manifestantes de El Alto acordaron dejar pasar suministros para hospitales y orfanatos

Los legisladores y el Gobierno saben que tienen que aprovechar cada minuto de tregua

El sistema político boliviano es complejo y, a pesar de los Gobiernos que van y vienen y las revueltas vividas por el país, ha permanecido inalterado durante 20 años. Una reforma constitucional en toda regla en Bolivia es un proceso que como mínimo necesitaría entre cuatro y cinco años. Según la ley, el Parlamento que promueve y modifica la Carta Magna no es el mismo que la aprueba, es el Congreso electo en la legislatura siguiente el que lo hace. Es pocas palabras, un Gobierno hace la reforma y el siguiente, años después, la sanciona. No obstante, en la actual situación de tregua social más que precaria, la rapidez es vital.

"Los legisladores coincidimos en que debemos buscar una salida para lograr la renovación total de los poderes", explica Hugo San Martín, diputado de una corriente moderada del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la principal y más tradicional fuerza del país. "Lo que tenemos que lograr es el camino más acorde con las leyes, y ése sería utilizando una normativa de necesidad de reforma constitucional aprobada en 2002", concluye. Esta vía es un atajo que permite echar mano de una ley existente que reformó el artículo de la Carta Magna que permite la convocatoria de elecciones anticipadas. Con esto se cumple, más o menos, el requisito de que un Gobierno (el del ex presidente Jorge Quiroga, en 2001-2002) hace una modificación y otro (el de Rodríguez) le da el visto bueno.

"La otra opción es que el Gobierno presente un proyecto de ley para convocar elecciones presidenciales, legislativas y de los miembros de la Asamblea Constituyente", señaló en un encuentro con la prensa Juan José Torres, miembro de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados. Esta salida se utilizó en 1985, tras la dimisión del presidente Hernán Siles Zuazo, en medio de una crítica situación política, social y económica, probablemente tanto o más grave que la que atraviesa hoy Bolivia. El presidente renunció y convocó elecciones generales tras un acuerdo entre todas las fuerzas para saltarse el procedimiento constitucional.

Los legisladores y el Gobierno saben que tienen que aprovechar cada minuto de la tregua que les ha dado la mayoría de los movimientos sociales, exceptuando los más radicales de El Alto, la ciudad que rodea La Paz. El presidente Rodríguez ha manifestado su intención de reunirse lo antes posible con Abel Mamani, líder de las asociaciones de vecinos alteños, y el dirigente sindical Édgar Patana, para intentar convencerlos de que le den un respiro. Los manifestantes de El Alto acordaron dejar pasar suministros para los hospitales, orfanatos y otras instituciones de asistencia paceñas y una buena cantidad de carburante y gas para toda la ciudad. En el resto del país, en cambio, los manifestantes han levantado las barricadas en las carreteras y los campesinos han desalojado los yacimientos petrolíferos de Repsol YPF y British Petroleum ocupados la semana pasada en la región norte de Santa Cruz.

La huelga indefinida en El Alto está causando importantes perjuicios económicos a la zona. Las asociaciones de pequeños y medianos empresarios alteños, el grueso del tejido productivo de la ciudad, informaron de que el paro que comenzó el 23 de mayo ha provocado unas pérdidas de cerca de 17 millones de euros. La ciudad, que contaba con más de 120.000 desempleados entre sus casi 800.000 habitantes, ha sumado otros 3.500 parados en estos 20 días. Las confederaciones empresariales nacionales, por su parte, han calculado que a escala nacional se han dejado de percibir unos 140 millones de euros por exportaciones. La Hacienda pública ha informado que ha dejado de ingresar cuatro millones de euros diarios en concepto de impuestos aduaneros.

La principal exigencia de los dirigentes radicales es que el Gobierno nacionalice de inmediato el sector de los hidrocarburos, un asunto que el presidente Rodríguez ha admitido que no está preparado para abordar. En su discurso de investidura, el presidente pidió tiempo para tomar decisiones sobre esta cuestión y lo que se verá en los próximos días es si los movimientos más combativos están dispuestos a darle ese tiempo. En cuanto al referéndum autonómico, crece el consenso en el Congreso para que sea el próximo Gobierno el que se ocupe de este asunto, a pesar de la reticencia de los movimientos cruceños, que insisten en celebrar su referéndum lo antes posible. "En Bolivia existe un fuerte sesgo autoritario y mientras así sea, la democracia lo tiene bien difícil", se lamenta San Martín.

El presidente Rodríguez, mientras tanto, ultimaba ayer la conformación de su Gobierno. La tarea la lleva a cabo con la máxima discreción, apenas un puñado de nombres de posibles candidatos había trascendido a la prensa local en las últimas horas.

Muchos analistas especulaban ayer con la formación de un grupo de ministros mucho más técnico que político, para evitar las suspicacias de las distintas fuerzas y movimientos. Algunos de los expertos consultados ponían de ejemplo al Gobierno del ex presidente Valentín Paniagua en Perú (2000-2001). Este Ejecutivo de transición gestionó con bastante éxito el Estado desde la caída de Alberto Fujimori hasta la elección en las urnas del mandatario actual, Alejandro Toledo.