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Lula intenta parar el escándalo de corrupción con un plan de reformas

Juan Arias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido pasar al ataque en la última crisis que golpea a su Gobierno y a su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), acusados de comprar votos de los diputados y senadores. Lula afirmó ayer que va a cortar por lo sano con la corrupción. "Cortaremos en carne propia si fuera necesario", añadió. En su discurso de apertura del IV Foro Global de Combate contra la Corrupción, celebrado en Brasilia, Lula prometió que no va a hacer concesiones a los corruptos.

El presidente de Brasil ha encargado al ministro de Justicia, Thomas Bastos, que presente en 45 días un amplio proyecto de reforma política. El proyecto deberá regular la financiación pública de los partidos, evitar la corrupción en la recogida de fondos para las campañas electorales y prohibir el cambio de partido en medio de la legislatura (transfuguismo). Y debería estar aprobado por el Parlamento antes de octubre, para que pueda aplicarse en las elecciones presidenciales del año próximo.

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Mientras tanto, la crisis no amaina, algo que preocupa a Lula, no sólo porque puede comprometer su reelección en el 2006 sino porque está afectando a la Bolsa, que lleva tres días seguidos de pérdidas.

El hecho de que las acusaciones hacia el Gobierno hayan llegado de uno de los mayores partidos aliados, el Partido Laborista de Brasil (PDT), con 52 diputados, va a obligar a Lula a plantearse una crisis ministerial, que se negaba a acometer. El PDT ha puesto todos los cargos a disposición del Gobierno y el Partido de los Trabajadores exige de Lula que aleje del Gobierno de coalición a las "malas compañías".

Acto de desagravio

El PT de Lula, el más salpicados por las acusaciones de corrupción, también ha pasado al ataque. Afirman sentirse víctimas de un chantaje y preparan para el día 17 un acto de desagravio contra las acusaciones que le ha lanzado el presidente del PDT, Roberto Jefferson, quien ha afirmado -algo que deberá probar ante el Parlamento- que el partido de Lula ha comprado con dinero y cargos a diputados y senadores a cambio de que votasen a favor de las propuestas del Gobierno. También ha acusado al PT de ofrecer altas sumas de dinero para que diputados de la oposición se pasen a los partidos que apoyan al Gobierno.

La primera consecuencia concreta de la crisis ha sido que el Ejecutivo ha dado marcha atrás y tras una férrea oposición a la creación de una comisión de investigación parlamentaria para analizar el escándalo de corrupción de los Correos, ha aprobado dicha comisión, que fue creada ayer y cuyos resultados son imprevisibles. Ahora, la oposición quiere formar una nueva comisión, ésta vez para investigar el supuesto escándalo de las propinas a diputados, a la que se opone el Gobierno.

Los analistas están de acuerdo de que ésta es la mayor crisis sufrida por el Gobierno Lula, a quien acusan de reaccionar tarde a las acusaciones de Jefferson.

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