La protesta sigue pese a la dimisión de Mesa

La dimisión de Carlos Mesa de la presidencia de Bolivia no ha hecho mella aún en las multitudinarias movilizaciones campesinas, vecinales y mineras, que ayer hicieron temblar de nuevo el centro de La Paz con explosiones de cartuchos de dinamita. Tampoco frenó los ánimos la urgencia con que se llamó a una sesión parlamentaria, convocada en principio para hoy mismo, destinada a considerar la renuncia de Mesa y nombrar un sustituto. "Creo que mi responsabilidad es decir que hasta aquí puedo llegar. Por eso mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente", dijo Mesa en un mensaje a la nación poco antes de la medianoche, madrugada de ayer en España. El vacío de poder y las persistentes marchas han sumido Bolivia en el caos.

Mesa, que pidió disculpas por si no fue capaz de "conducir adecuadamente" Bolivia, señaló que el país no puede estar sujeto a la presión, el bloqueo y la violencia e hizo un llamamiento a quienes se encuentran en posiciones intransigentes a hacer posible la reunión del Congreso para darle "una viabilidad al futuro del país". El presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, anunció la sesión congresual para hoy, probablemente en La Paz, siempre que se logre una normalidad en las actividades de esta ciudad, sitiada por las movilizaciones hace 22 días.

Vaca Díez, que también preside las sesiones del Congreso, que agrupa a senadores y diputados, señaló la posibilidad de instalar las sesiones en Sucre, a unos 600 kilómetros al sur de La Paz, si persiste la inseguridad. "Se requiere normalidad democrática para que el Congreso tome la decisión de aceptar o no la renuncia del presidente y, en el caso de aceptarse, debería generar un nuevo escenario" en el contexto de unidad que propicia la iglesia católica, dijo.

Entretanto, en La Paz los principales dirigentes políticos comenzaron a negociar posibles acuerdos para respetar la sucesión constitucional. Algunos se adelantaron a señalar que aceptarán a Vaca Díez, pese a que en las calles la gente rechaza esa posibilidad. El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado cocalero Evo Morales, advirtió de que la sucesión constitucional debe hacer posible la convocatoria de elecciones y rechazó cualquier intento de Vaca Díez de asumir la presidencia. Señaló que los presidentes de las dos Cámaras deberían seguir el ejemplo de desprendimiento de Mesa para lograr una salida.

"Esta lucha va a continuar; la gente no se va a desmovilizar porque ahora es cuando se quiere lograr la nacionalización de todos los recursos naturales y la recuperación de todas las empresas estratégicas de servicio, que deben estar en manos del Estado", afirmó Morales, quien amplía la nacionalización no sólo a los hidrocarburos, sino a los recursos forestales, mineros e hídricos. "Es una lucha de pobres contra los ricos que nos han engañado tanto tiempo".

Papel de la Iglesia

Una mayoría de los reunidos en las asambleas de las juntas vecinales y en las de los sindicatos parecía decantarse anoche en favor de aceptar unas negociaciones bajo la mediación de la Iglesia católica. El arzobispado de Santa Cruz emitió una nota en la que se decía que la renuncia de Mesa era el producto de un pacto entre los tres poderes del Estado e invitaba a la calma.

Mientras, en La Paz se mantuvo la presión sobre las autoridades: cientos de mineros lanzaron al aire cartuchos de dinamita rebajados y hubo choques con la policía, que trató de impedirles el paso a las plazas de Armas y Murillo, símbolos del poder político. Los enfrentamientos se extendieron por el centro de la ciudad. La plaza Murillo estaba anoche resguardada por efectivos militares, que tendieron un cordón de seguridad a unos 100 metros a la redonda.

El responsable de la policía judicial informó de que se habían incautado de 11 volquetes cargados con 1.300 cartuchos de dinamita destinados a los mineros que acampan en la capital, 57 de los cuales fueron detenidos. Además, encontraron en los vehículos mechas lentas y rápidas y otros materiales explosivos y dinero por valor de 1.600 dólares. Un minero, que se hacía llamar Caracoles, dijo en una emisora de radio que el dinero procedía de la venta de minerales y no una prueba de que estuvieran pagados. También se ha producido cortes en el suministro de gas a la capital. Los manifestantes cerraron el paso por el gasoducto de Sicasica, al oeste de La Paz.

Hace 22 días que la capital se encuentra bloqueada por el paro indefinido en El Alto, una ciudad dormitorio a 14 kilómetros, que tiene los mayores índices de pobreza. Las protestas de miles de pequeños comerciantes, de las juntas vecinales de El Alto y de los sindicatos obreros y campesinos han paralizado las actividades en La Paz. La población de la sede de Gobierno, de casi un millón de habitantes, se encuentra indefensa ante la agresividad de algunos manifestantes, de la que son víctimas los que se quejan por las marchas, los hombres con corbata, identificada como un símbolo de la opresión, y las personas que mantienen abiertos sus negocios. El castigo es, en ocasiones, el saqueo. Los vecinos de los barrios humildes han denunciado que son obligados a salir a las calles bajo amenaza del chicote, un látigo hecho con cuero trenzado, símbolo de autoridad de los jefes indígenas.

Tanto El Alto como La Paz sufrían ayer la escasez de carburantes, lo que obligó a retirar parte del parque de coches por falta de gasolina. Los precios de las bombonas como de algunos productos alimentarios, que apenas se encuentran, se han cuadruplicado.