El Supremo rechaza paralizar el traslado de la CMT desde Madrid a Barcelona

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, informaron ayer fuentes del alto tribunal. El traslado fue impugnado el pasado 23 de marzo por la Comunidad Autónoma de Madrid, que consideró un "error" el perjuicio que el cambio de sede causaba a los trabajadores de la CMT, a las empresas del sector, y porque constituía "una deportación arbitraria realizada únicamente por motivos políticos".

El Gobierno ha ganado su primera batalla a propósito del polémico traslado de la CMT a Barcelona. La desestimación por parte del Tribunal Supremo de la suspensión cautelar de la medida, tal y como pedía la Comunidad de Madrid, ha supuesto un respiro para el Ministerio de Industria, que aprobó una orden ministerial para imponer que la mudanza se produjera antes de fin de año.

El traslado de la CMT fue impugnado por la Comunidad de Madrid el pasado 23 de marzo, y en el recurso, el Gobierno autónomo solicitó la suspensión cautelar hasta tanto se resolviese el fondo del contencioso, alegando que, de ejecutarse el traslado, se perdería "la finalidad legítima del recurso". Los trabajadores también impugnaron el traslado ante el Tribunal Supremo, pero, según fuentes del alto tribunal, en su recurso no plantearon ninguna medida cautelar.

De cualquier manera, la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, acordó ayer, al término de unas deliberaciones que comenzaron el miércoles, no suspender el traslado de la sede de la CMT a Barcelona. La resolución fue comunicada verbalmente a la Comunidad de Madrid, por más que el acuerdo no será notificado por escrito hasta dentro de unos días. No obstante, el Supremo debe pronunciarse aún sobre el fondo del asunto, pero la sentencia definitiva puede demorarse durante años.

Razones del recurso

La Comunidad de Madrid entiende que el traslado responde a "una decisión basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia y carente de justificación técnica, económica, jurídica", por lo que se lesiona gravemente "la independencia y autonomía de que goza la CMT en virtud de la legislación comunitaria y nacional de telecomunicaciones y constituye un precedente para futuras injerencias", según señalaba el recurso.

La Comunidad también justificaba su recurso en que el traslado de la sede "afecta al ámbito de la autonomía política, competencial y financiera" de la región, y que se vulnera tanto el Estatuto de Autonomía, que afirma que "la Villa de Madrid es y, por ello, deber ser la sede las instituciones del Estado", como la Constitución que, en su artículo 5 resalta la capitalidad del Estado.

Tras conocerse el fallo del Supremo, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, exigió ayer a Esperanza Aguirre, que "no utilice la justicia para hacer oposición al Gobierno de la nación". El traslado de la CMT arrastra una larga polémica, desde que fuera anunciado en julio del pasado año tras una reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Generalitat, Pasqual Maragall. Desde entonces, la plantilla, compuesta por 140 trabajadores, se ha opuesto radicalmente al traslado con diversos actos de protesta.

No obstante, la cara visible de esa oposición ha sido la del ex presidente de la CMT Carlos Bustelo, que protagonizó una batalla administrativa y política, llegando a calificar de "deportación" ese traslado. La resistencia del consejo de la CMT hizo que el Ministerio de Industria amenazara veladamente con destituciones masivas en el organismo. Finalmente, el 9 de marzo, Bustelo dimitió. No tardó en ser llamado por Aguirre para presidir el organismo regional de Defensa de la Competencia, de nueva creación.

La elección de Reinaldo Rodríguez como nuevo presidente de la CMT ha desbloqueado el conflicto, pero aún no se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores.