IU prevé un conflicto social si las ayudas de la UE no se vinculan a la actividad agraria
Las nuevas ayudas comunitarias derivadas de la última reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) del aceite de oliva se van a fijar en función de los derechos históricos generados por los productores durante el periodo 1999 y 2003, y sólo un pequeño complemento por hectárea. Este nuevo escenario, motivado por la adaptación de la nueva Política Agraria Común (PAC), ha traído la inquietud entre muchos arrendatarios de explotaciones o entre los titulares de las mismas que no lo eran en el periodo histórico de referencia. Según IU, cerca del 30% de los olivareros andaluces están en esta tesitura que, según el portavoz de Agricultura de la coalición en el Parlamento andaluz, José Cabrero, imposibilita a los que trabajan actualmente en este cultivo poder optar a las ayudas.
"Se va a crear un conflicto tremendo", ha alertado el diputado José Cabrero, que ha anunciado una iniciativa en el Parlamento autonómico para que la Junta regule la obligatoriedad de que las ayudas comunitarias queden vinculadas a la actividad, con independencia de quien fuera el titular o el arrendatario de la explotación entre 1999 y 2003. Para Cabrero, "no es justo ni honesto" que quien ya no explota las olivas siga percibiendo ayudas, una situación que, según dijo, "deslegitima la PAC. El diputado entiende que este conflicto no puede resolverse por medio de un contrato privado entre las partes -el antiguo y el nuevo titular de la finca, o bien el antiguo y el actual arrendatario- por la no obligatoriedad del vendedor en transferir también las ayudas. IU entiende que es preciso un padrón definitivo y actualizado de los titulares de derechos de ayudas y que las ayudas sean para los nuevos titulares.
