Ancho de vía universitaria

Las propuestas de nuevas titulaciones universitarias hechas públicas en las últimas semanas han causado comprensible sorpresa en la opinión pública y en las propias universidades. En algunos casos, incluso estupor. El proceso para la adaptación de España al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) empezó hace varios años y ha tenido una participación intensa y continuada de especialistas y directivos universitarios, pero no ha despertado el interés general hasta la publicación de estas propuestas, sobre las que deberá pronunciarse el Gobierno.

La ausencia de un proyecto de reforma por parte de los gobiernos anteriores ha producido efectos poco acordes con el espíritu de Bolonia, la ciudad italiana donde, en 1999, se materializó el compromiso de 29 estados europeos en una propuesta de ambicioso alcance: la homologación de las enseñanzas superiores para facilitar la libre circulación e intercambio de estudiantes en Europa. Dicho proyecto se basa esencialmente en la creación del llamado sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) y en la estructuración de las titulaciones en un doble ciclo oficial de grado y postgrado, equiparable en todos los países. En ambos aspectos, a los elementos de homologación se suman otros de innovación pedagógica.

Las propuestas conocidas responden a criterios de continuidad con el sistema de titulaciones vigente

La implantación del crédito europeo no presenta otros problemas que los derivados del grado de interés con que universidades, profesores y alumnos la lleven a cabo y de los recursos que se habiliten. La sustitución del concepto actual de crédito como número de horas de clase impartidas por un profesor en una asignatura -10 horas por crédito- por el nuevo concepto de horas de trabajo de un alumno -25 horas por crédito, de las que como máximo la mitad deben corresponder a clases expositivas o teóricas, las mal llamadas clases magistrales-, comporta un cambio profundo en las formas de trabajo de profesores y alumnos, con la introducción sistemática de actividades prácticas, tutorías y seminarios. Se trata de cambiar el paradigma tradicional de profesor que sólo enseña por uno en que el profesor también facilita y estimula el aprendizaje.

El problema principal se ha planteado en lo relativo a la estructura de las titulaciones, como se está viendo en las últimas semanas. El modelo Bolonia plantea la enseñanza universitaria como un proceso de 5 años o 300 créditos, divididos en un primer ciclo o grado de 3 o 4 años (180 o 240 créditos) de titulaciones básicas y generalistas, y un segundo ciclo o postgrado de 2 o 1 años (120 o 60 créditos) de carácter más profesional y especializado, además de un tercer ciclo de doctorado.

En general, las propuestas conocidas en las últimas semanas responden a criterios de continuidad con el sistema de titulaciones vigentes, con un predominio casi absoluto de lo que en el argot universitario se conoce como carreras de 4+1 frente al modelo 3+2 de la mayoría de los demás estados, empezando por los de referencia, como el británico o el francés, por no decir el norteamericano. No se facilita de esta manera la homologación para la circulación de estudiantes ni se cumple la reducción del número de titulaciones a favor de un grado de formación básica y generalista.

El carácter conservador de la mayoría de estas propuestas no contempla el postgrado como parte integrante del modelo Bolonia, que se basa en la ecuación grado + postgrado = 5 años y plantea en España un verdadero cambio conceptual y de sistema que pocos quieren asumir. En muchas de las conferencias de decanos llevadas a cabo en los últimos años, todo el debate se ha centrado en cómo adaptar una carrera de cinco años a cuatro o en demostrar la inviabilidad de carreras de sólo tres años, dejando de lado el postgrado oficial que el modelo Bolonia presenta como complemento necesario del grado.

La actual organización de la docencia en las universidades españolas y la confusión conceptual derivada de los cambios de nombres -se habla de grado en lugar de licenciatura y se llama máster al postgrado- explican en parte la situación, así como la falta de concreción sobre los recursos para financiar el segundo ciclo.

En contraste con la fuerza con que impuso directrices en otras reformas de la enseñanza secundaria y universitaria, el Gobierno anterior dejó en manos de las propias titulaciones -no de las universidades- la formulación de las respectivas propuestas de adaptación, bajo la tutela directiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Como guía inequívoca, unos borradores de decretos que establecían como criterio básico titulaciones de grado de cuatro años -duración ya en vigor desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983- y programas de postgrado de uno. Los decretos que ha comenzado a publicar el Gobierno actual introducen un elemento de flexibilidad, en cuanto admiten indistintamente el modelo 4+1 y el modelo 3+2 según el tipo de titulaciones.

Con la previsión de publicar próximamente un catálogo de titulaciones de grado -para los programas de postgrado se da un cierto margen a la autonomía de las universidades y a la intervención de las comunidades autónomas-, el Gobierno se encuentra en la tesitura de validar unas propuestas continuistas, de acuerdo con los intereses corporativos de centros y departamentos, cuya implantación supondría un distinto ancho de vía español en el espacio europeo de la enseñanza superior.

Abordar a estas alturas una reforma en la que no tuvo interés el Gobierno anterior no parece estar entre los propósitos del actual, ni que sea por las demoras acumuladas en el calendario -en 2010, el EEES debe ser una realidad en todos los estados que voluntariamente lo han adoptado-. La entrada de España en el espacio universitario europeo con distinto ancho de vía al adoptado mayoritariamente llevaría inevitablemente a conflictos de diversos tipos. Los estudiantes que hasta hoy parecen únicamente preocupados por los riesgos de privatización de la universidad pública que el modelo pueda contener, serían los principales perjudicados.

Se daría la paradoja de que las universidades más innovadoras fueran las principales perjudicadas, enfrentadas inevitablemente a tener que dar pasos atrás. Se entiende que las universidades que no han reducido aún de cinco a cuatro años la duración de las carreras establecida por la LRU hace veinte años, consideren la propuesta de titulaciones de cuatro años como una verdadera reforma, que para otras más avanzadas puede resultar una contarreforma.

Dos ejemplos: los segundos ciclos establecidos por la LRU en las titulaciones de cuatro años que anticipaban el modelo 3 + 2 de flexibilidad y formación básica más especialización profesional; y la recuperación de carreras generalistas como la licenciatura en Humanidades que ponían fin a la excesiva fragmentación en que acabó derivando la antigua Filosofía y Letras. El segundo ciclo de Periodismo, aplicado con notable éxito de demanda, de resultados académicos y de inserción profesional, desaparece, a tenor del proyecto de licenciatura de cuatro años presentado a la ANECA por la Conferencia de Decanos -con la reserva crítica de algunas universidades- y de la propuesta de la subcomisión correspondiente del Consejo de Coordinación Universitaria. En el caso de Humanidades, a pesar de contar con los mejores índices de demanda y de inserción laboral en el campo de las tradicionales licenciaturas de "letras", es la subcomisión que no la contempla en su propuesta.

El corporativismo y la obsesión reglamentista que caracteriza al modelo universitario español -algo que resulta simplemente incomprensible en el mundo anglosajón- puede obligarnos a circular por un ancho de vía absurdamente incompatible con el de nuestros vecinos. Y si encima se intentan suprimir los pocos "inventos" que ya funcionan y que mejor se adaptan al espíritu de Bolonia, vamos a introducir factores depresivos a un sistema universitario que necesita la mejor disposición anímica para afrontar los grandes retos y las grandes esperanzas que se perfilan en el horizonte inmediato

Jaume Guillamet y Miquel Berga son los decanos de Periodismo y de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.