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Reportaje:EL FUTURO DE ROTA

Rota, unos ingresos con riesgo

El 60% de la economía de la localidad depende de la base naval, que da empleo directo a 1.218 trabajadores

El 60% de la economía de la ciudad de Rota (Cádiz, 26.500 habitantes) depende de la base naval de uso conjunto hispano-norteamericana. Según una respuesta del Gobierno del PP en 2003, la base generó riqueza en la zona por valor de unos 200 millones de euros. Estas cifras sirven para dimensionar la importancia económica de una instalación que, por su naturaleza militar, provoca el recelo de una parte significativa de la población del entorno. A cambio de la servidumbre militar, las ciudades vecinas reciben ingresos multimillonarios de los que dependen miles de economías familiares.

La sensación de que la base entraña riesgo para la comarca está arraigada en la costa noroeste de la provincia de Cádiz. La base es señalada como atracadero habitual de submarinos movidos por propulsión nuclear. Rota jugó un papel logístico fundamental en los últimos conflictos armados en el Golfo Pérsico y en Irak y, en la actualidad, el Gobierno de EE UU ejecuta mejoras para convertir la instalación en su mayor recurso militar en el Mediterráneo. Estas actividades provocan el recelo en una parte significativa de los vecinos de las dos poblaciones colindantes a la verja, Rota y El Puerto de Santa María, que sienten la presencia del gigante militar como una amenaza para su seguridad.

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Por otra parte, los ayuntamientos de la zona denuncian que la ocupación de suelo de sus términos frena el desarrollo de otras fuentes económicas. En el caso de la Villa de Rota, la instalación militar ocupa un 30% de su superficie total y su Ayuntamiento se queja de que, como resultado de su ubicación privilegiada, la base ha impedido el desarrollo de comunicaciones fundamentales, como el ferrocarril, que aún hoy no llega a la ciudad.

Los ecologistas aseguran que la base está provocando, además de un riesgo para los vecinos, una degradación constante del medio y graves concentraciones de polución sonora en los núcleos urbanos que diariamente sobrevuelan grandes transportes militares y aviones de combate en horas de la madrugada.

Esta realidad convive con otros valores de signo contrario, que están referidos a la riqueza que genera la base. Cada mañana 1.218 trabajadores civiles españoles entran a la instalación para desempeñar labores que financia la marina norteamericana. El conjunto de la plantilla laboral de la base cobra anualmente unos 25 millones de euros netos. Pero el número de empleados de la base es mucho mayor. Además de la plantilla fija, la base daba trabajo en enero de 2005 a 1.420 trabajadores eventuales de contratas privadas de la zona. Son en su mayor parte trabajadores del sector de la construcción, servicios y proveedores. A pesar de que la lista oscila, en la actualidad desarrollan actividad en el interior de la instalación unas 35 empresas. La relación es muy diversa. Va desde empresas constructoras, como Jale, una promotora de El Puerto o Construcciones Felipe Castellano, SA, que ejecuta mejoras en la pista del aeropuerto, hasta cerrajeros, carpinteros, pintores o electricistas. En el listado de clientes habituales de la base figuran también empresas de promoción turística como Explotaciones Turísticas del Sur, que facilita promociones a los residentes norteamericanos o una pastelería, La Rosa, que surte de repostería y helados a los almacenes de la base en el caso de celebraciones especiales.

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Un informe de la Armada española estimó en 2003 el gasto de la base en empresas proveedoras de la comarca en unos 200 millones de euros. De hecho, el Gobierno español concede una importancia extrema a la compra de servicios en la zona por parte de la US Navy. En el tratado bilateral de colaboración en materia de defensa, éste es un elemento considerado hasta el punto de que los EE UU se comprometen a aumentar, de manera progresiva, sus compras de provisiones en España.

Hasta hace pocos años, los grandes aviones de transporte C-5 Galaxy traían desde Estados Unidos todo lo necesario, desde bolígrafos hasta maquinaria pesada. Sin embargo, ahora es común trabajar con rotuladores bic y el consumo de Casera, que ya convive con la coca-cola "original" y el Dr. Pepper de lata.

Junto a la población civil, en la base viven unos 3.000 militares estadounidenses y unos 4.000 españoles, que aunque tienen su residencia en el interior, conviven con las poblaciones del entorno. Rota es la única ciudad de menos de 50.000 habitantes en España que dispone de franquicias americanas de venta de hamburguesas, pollo frito o pizzas. Ese detalle señala a las claras la influencia del personal norteamericano en la hostelería local.

Un convenio polémico

Los 1.218 empleados laborales españoles en la base de Rota son los únicos civiles en toda España que no están sujetos al Estatuto de los Trabajadores. En su lugar, los empleados de la instalación están sometidos a las normas particulares establecidas por el convenio bilateral para la Defensa entre España y EE UU. Según el tratado, que data de la dictadura de Franco, los trabajadores españoles gozan de un convenio colectivo, pero restringido: no pueden negociar mejoras salariales, horas de trabajo ni calificaciones para la promoción interna. Para los sindicatos estas limitaciones suponen una vulneración de la Constitución.

Como compensación a estas restricciones, el Gobierno español concedió al colectivo una exención en el pago del IRPF de sus nóminas, que ha permanecido en vigor hasta que, en 2000, el Gobierno del PP decidió el levantamiento de la medida, provocando un desajuste en las cuentas personales de los trabajadores, que vieron reducidas de un solo golpe las cuantías de sus haberes. En las últimas negociaciones entre España y EE UU, el problema de los empleados ha estado sobre la mesa, pero sin acuerdo. El actual Gobierno socialista reanudará el próximo día 16 las negociaciones.

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