A la Corte, a regañadientes

Por una parte, Bush ha designado como embajador ante la ONU a John Bolton, ariete durante años desde su Administración de la Organización, cuando ésta afronta un crucial debate sobre su reforma y al que no es seguro que el Senado finalmente le dé el visto bueno. Por otra, tras dos meses de tira y afloja en el Consejo de Seguridad, EE UU permitió que los crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur (Sudán) sean instruidos por la Corte Penal Internacional (CPI), que EE UU ha rechazado y que ha frenado en todo lo que ha podido el propio Bolton, que la calificó de "pretendido tribunal". Puede parecer contradictorio, o, por el contrario, ser un intento por parte de Washington de acomodarse a la realidad. Pues la Corte Penal no es una pretensión, sino una realidad del nuevo derecho internacional, de la que ya son parte 98 Estados.

En la votación del Consejo de Seguridad de la Resolución 1.593, el pasado 31 de marzo, EE UU se abstuvo, junto a Argelia, Brasil y China, pero 11 Estados votaron a favor. Estados Unidos obtuvo algunas garantías, pero no todas las que pretendía, de que sus soldados o personal que participe en la misión internacional en Darfur de la Unión Africana no podrá ser llevado ante la Corte. EE UU (Administración y Congreso) fue el primer país -bastante antes que Europa- que calificó de "genocidio" lo ocurrido en Darfur, donde, según Naciones Unidas, han muerto varias decenas de miles de personas, otras han sido torturadas, mujeres violadas y más de dos millones han tenido que huir de sus hogares en los últimos dos años. Los intentos americanos de montar un tribunal africano para juzgar estos crímenes fracasaron, y finalmente se impuso la tesis del sector más pragmático del Departamento de Estado.

Pese a las concesiones que obtuvo EE UU, es un paso importante para la CPI y para un presidente que desfirmó el Estatuto de la Corte que Clinton había firmado en el último momento posible antes de salir de la Casa Blanca. EE UU se ve ahora obligado a colaborar con el tribunal que rechazó, aportando la información que ha ido recopilando antes de lanzar su acusación de genocidio. Pero el paso norteamericano plantea ahora también un reto importante a la Corte: saber actuar. La fiscalía, dirigida por Luis Moreno Ocampo, ya estaba investigando los casos de Congo y la guerra de Sudán (sin Darfur), casos complejos, y suma este nuevo. Tiene que demostrar que está a la altura. Ya está en sus manos una primera lista de 51 sospechosos, pues la Corte instruye, acusa y eventualmente juzga a individuos, no a colectivos. Como era de esperar, el Gobierno sudanés ha rechazado lo que interpreta como una violación de su soberanía nacional, pero se ha dado un paso hacia el "fin de la cultura de la impunidad", como lo ha calificado Kofi Annan.

Lo ocurrido refleja cómo Estados Unidos, a pesar de su poderío, se va topando con la CPI, cuyo nacimiento intentó asfixiar. Según fuentes militares citadas por la agencia UPI, Washington ahora se percata que la Corte y su Estatuto, en vigor desde julio de 2002, le impiden intervenir más en América Latina, por ejemplo, contra Chávez, pues Venezuela es parte de este Estatuto y se ha negado a firmar acuerdos de exención de la CPI con Estados Unidos. Washington aprobó la ASPA, la ley de protección de miembros de sus Fuerzas Armadas frente a este tribunal CPI. Pero consideró necesarios acuerdos suplementarios bilaterales, y quien no los firmara -22 en la actualidad, exceptuando los europeos- entraba en una lista negra. Según esas fuentes, antes del ASPA, unos 700 oficiales latinoamericanos se formaban en escuelas militares de Estados Unidos. Ahora, muchos menos, con lo que mandos militares norteamericanos consideran que se ha perdido "el acceso a toda una generación" de oficiales latinoamericanos. Que la Corte Penal Internacional frenaría la influencia de Estados Unidos en América Latina no estaba previsto en el guión.

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