Amnistía exige a Cuba la liberación de 71 prisioneros de conciencia

"Pido que nos ayuden para que los presos no sean sometidos a tratos degradantes, que dejen de darles golpes, que los acerquen a sus provincias...". Amnistía Internacional (AI) quiso que los testimonios grabados de las familias de los disidentes acompañaran la presentación, ayer en Madrid, de su informe sobre la situación de los prisioneros políticos en Cuba: "Al menos" 71 comprobados por la organización humanitaria, que exige su liberación "incondicional e inmediata".

Amnistía denunció, además, los malos tratos a los que son sometidos los presos de conciencia, desde palizas a manos de los guardias carcelarios hasta su reclusión en las llamadas "celdas tapiadas": habitáculos vacíos, de dos metros cuadrados, sin luz ni agua corriente, "frecuentemente infestados de ratas y cucarachas". Al menos nueve disidentes han sido encerrados en esas celdas, a veces desnudos, durante periodos de hasta cuatro meses.

El alejamiento de los presos, las restricciones que se imponen a las visitas y a la comunicación con el exterior y la falta de atención médica son otros de los vejámenes denunciados.

En la lista de Amnistía figuran 61 de los 75 intelectuales detenidos a partir del 18 de marzo de 2003, hace ahora dos años, durante la llamada primavera negra, la peor oleada represiva lanzada por el régimen castrista "desde los años siguientes a la revolución de 1959".

Juicios sumarios

Todos fueron condenados a severas penas en procesos que Gerardo Ducos, investigador de AI para Cuba, calificó de "juicios sumarios". Catorce de ellos han sido excarcelados por motivos de salud y cumplen sentencia fuera de la prisión.

Ante la cifra de más de 300 presos políticos esgrimida por las organizaciones locales de derechos humanos, Amnistía reconoce que le resulta difícil recopilar información y acceder a los expedientes judiciales, entre otras razones porque tiene vedado el acceso a la isla desde 1988.

Los responsables de AI no quieren pronunciarse sobre la política de acercamiento al régimen cubano auspiciada por el Gobierno español, pero instan a los responsables europeos a "ejercer su influencia" para lograr la liberación de los presos políticos.

Sí tiene respuesta, en cambio, el ministro de Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, que aseguraba la pasada semana en Madrid que el procesamiento de opositores es una cuestión estrictamente judicial: "En Cuba, los tribunales y los fiscales se encuentran bajo el control del Gobierno", asegura AI. La organización no quiso dejar de condenar el embargo estadounidense, que además sirve al régimen de pretexto para atacar a la disidencia.

También Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó ayer desde París una campaña de solidaridad con los 21 periodistas condenados durante la primavera negra. RSF recuerda que Cuba es la "segunda mayor cárcel de periodistas del mundo", después de China.