Los patronos de la economía sumergida frenan la regularización de inmigrantes en Murcia

El proceso de normalización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno ha tocado un punto delicado de la economía murciana: el empleo sumergido, que en la región afecta al 30% de los trabajadores, lo que supone el índice más alto de España. De ahí que las solicitudes de legalización presentadas hasta ahora sean escandalosamente escasas: 4.599, según los últimos datos oficiales. Para mantenerse en la sombra, cientos de patronos intentan descargar la responsabilidad de la regularización en las empresas de trabajo temporal (ETT). El Ejecutivo regional, en manos del PP, les apoya.

Durante la última década, Murcia ha experimentado un crecimiento económico espectacular. Un informe del Consejo Económico y Social (CES) lo resume del siguiente modo: "Sólo tres comunidades han crecido más que Murcia desde 1990, sólo dos desde 1995, y es la comunidad que más ha crecido en los menos favorables últimos tres años. En términos acumulados, el crecimiento de la región superó en un 6% el crecimiento del valor añadido bruto español entre 1990 y 2003".

Sin embargo, ese crecimiento tiene una base frágil: el empleo irregular, que aquí afecta al 30% de la población ocupada, "lo que supone el máximo entre todas las comunidades autónomas", según un estudio publicado hace pocos meses por Cajamar. Ese informe afirma que el 28% de los trabajadores no está afiliado a la Seguridad Social, el 66% de los contratados a tiempo parcial son obligados a jornadas superiores a las legales y el 20% de los trabajadores en nómina reciben parte de sus sueldos en dinero negro.

El proceso de normalización de inmigrantes ha tocado la médula del peculiar sistema económico murciano. Al "invitar" a los empresarios a regularizar la situación de sus trabajadores sin papeles antes del 7 de mayo, so pena de sancionarles con multas de hasta 60.000 euros por cada empleado en situación irregular, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les obliga a poner sus cuentas al día. Y eso amenaza los beneficios de los patronos del empleo sumergido, que según fuentes sindicales menudean en los tres sectores más fuertes de la economía murciana: la agricultura, cuyo peso duplica la media del conjunto español; la construcción, el sector más dinámico en los últimos ocho años, y los servicios, que suponen en torno a dos tercios de la economía.

El papel de las patronales

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha recibido el proceso de normalización con una combinación de acatamiento formal y apelaciones a las peculiaridades de la zona. En esa política han sido apoyados por el Gobierno autónomo. En enero, el presidente de la CROEM, Miguel del Toro, ya solicitó una moratoria de seis meses en la aplicación del proceso de regularización "a raíz del desastre provocado por las heladas (...), ya que la mayoría de los empleadores son del sector agrícola y ahora no tendrán trabajo que ofrecer". La negativa firme del Ministerio de Trabajo les llevó a cambiar su petición por una ampliación del plazo de tres meses, que contempla el Reglamento, hasta cuatro meses. También les fue denegada.

En este momento, la batalla se libra en torno al papel que deben jugar las empresas de trabajo temporal (ETT) en el proceso. Murcia es la comunidad autónoma con mayor número de ETT en relación con la población: nada menos que 52, entre locales, nacionales y multinacionales, según confirma ATTESUR, la patronal que las engloba. Sólo las locales cerraron el año pasado más de 150.000 contratos.

El presidente del Ejecutivo autónomo, Ramón Luis Valcárcel, del PP, remitió en enero al Gobierno una carta en la que advertía de que el proceso de regularización "podría verse claramente distorsionado (...) si no se permite la actuación como actores del mismo a las ETT". Y añadía: "Entendemos que las ETT (...) podrían participar en este proceso de regularización como empresarios".

Organizaciones sindicales, como UGT, y ONG de Inmigrantes, como ATIME, ven en esa solicitud un intento de emboscar a los empresarios de la economía sumergida. "Las ETT darían la cara y los empresarios seguirían explotándonos", afirma el presidente de ATIME, Mustafá Zine.

Tras varias negociaciones, el Ministerio de Trabajo ha admitido la participación de las ETT en la regularización, pero siempre que aporten los contratos de puesta a disposición con sus clientes, lo que haría emerger a éstos.

Esa condición es considerada "una aberración" por el presidente de ATTESUR, Cristóbal Jové. "Si yo fuera el cliente, tampoco firmaría el contrato", afirma. Jové ofrece al Gobierno regularizar a 10.000 inmigrantes si suprime esa exigencia. "En caso contrario", advierte, "la regularización fracasará en Murcia".