El Gobierno concede a los afectados seis meses más para pedir indemnizaciones

El Consejo de Ministros de mañana, 11 de marzo, estará dedicado monográficamente a la adopción de medidas de apoyo a las víctimas y de refuerzo de la lucha contra el terrorismo. El paquete de resoluciones incluye trabajos de varios ministerios, fundamentalmente del de Interior, que van desde la creación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo hasta la reapertura de la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, a fin de conceder un plazo extraordinario de seis meses para que pidan indemnizaciones 70 damnificados del 11-M que quedaron descolgados.

El Gobierno ya había anunciado que el 11-M iba a celebrar una reunión especial, dedicada íntegramente a la adopción de medidas de lucha contra el terrorismo. La intención era recoger algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Investigación del Congreso y aprobar definitivamente medidas que se venían anunciado y elaborando para corregir las debilidades descubiertas a raíz del atentado contra los trenes. Éstas son algunas de las principales medidas:

- Ley de Víctimas. El Ministerio del Interior ha elaborado un real decreto que modifica la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad en octubre de 1999, para indemnizar a quienes hubieran sufrido "daños físicos y psicofísicos" por el terrorismo a partir del 1 de enero de 1968. El Ejecutivo va a dar un plazo extraordinario de seis meses para la solicitud de ayudas (hasta 400.000 euros para los casos de gran invalidez). Esta ampliación responde a que se ha detectado a un grupo de unas 70 víctimas que no ha podido beneficiarse de esta ley. En total quedaron descolgadas más de 100 personas por no respetar el plazo inicial, por defectos de forma...

- Oficina de Víctimas. Se trata de una departamento que se creará en la Audiencia Nacional para que las víctimas puedan recabar información sobre el estado del proceso judicial en marcha por el atentado que sufrió, sobre cómo cumple la condena quien lo perpetró o si ha sido liberado.

- Control de finanzas. El Gobierno aprobará el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, aprobada en 2003, a fin de que se ponga en marcha la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que podrá bloquear cuentas y fondos durante seis meses, con intervención final de los jueces si se considera necesario prorrogar este plazo y con intervención del Banco de España.

- Coordinación. El Ministerio del Interior va a reformar la estructura de la Secretaría de Estado de Seguridad para crear un nuevo departamento de planificación, coordinación y desarrollo de bases de datos, sistemas de información y sistemas de comunicación de uso conjunto o compartido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Tarjetas telefónicas. No está totalmente cerrado, pero el Gobierno pretende que los compradores de tarjetas telefónicas prepago aporten datos personales.

- Medallas. Interior concederá medallas de oro de protección civil a quienes se distinguieron en su atención a las víctimas entre los servicios de emergencia, rescate, apoyo e identificación.

- Más investigadores. Se aprobará la provisión durante este año de otros 300 agentes especializados en terrorismo islámico para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Éstos se suman a los 383 que ya se incorporaron a partir del verano pasado: 150 a la policía, otros tantos al instituto armado, 40 intérpretes y 43 agentes para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

- Subvenciones. Se regulará mediante una orden el sistema de concesión de subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

- Educación. Tampoco está cerrado, pero se pretende crear en las universidades, con el acuerdo de la Conferencia de Rectores, tutorías especiales para los alumnos que hayan sido víctimas del terrorismo, a fin de que se haga un seguimiento específico de su vida académica. Además, el Ministerio de Educación ya tiene sobre la mesa un proyecto para crear en la Universidad Menéndez y Pelayo un departamento denominado Instituto para el Estudio del Terrorismo y sobre sus Víctimas.