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Contra la impunidad de los militares de la dictadura

Uno de los proyectos que contempla el nuevo presidente uruguayo es la revisión de la política seguida en torno a las consecuencias de la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985. Tabaré Vázquez tiene previsto hacerlo en dos direcciones; por un lado, un resarcimiento de las víctimas, y, por otro, la compensación a los militares que vieron afectada su situación por la instauración del régimen militar.

"La llegada al poder de Tabaré es una oportunidad histórica que se frustró hace casi veinte años con la ley de impunidad que se aprobó durante la transición a la democracia", destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, cuyos responsables fueron invitados a la toma de posesión.

El gran escollo lo constituye la vigente Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 y ratificada en referéndum con el 54% de votos a favor y el 46% en contra. En la práctica constituye una amnistía a los militares acusados de torturas y asesinatos porque impide que se investiguen los hechos, y ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por varias organizaciones, tanto internacionales como uruguayas, como una violación de los tratados sobre derechos humanos. "Reconozcámoslo, 20 años después todavía subsisten zonas oscuras y, por el bien de todos, es necesario aclararlas en el marco de la legislación vigente", afirmó ayer en su discurso el nuevo presidente uruguayo.

A diferencia de otros países, como Argentina y Chile, las cifras oficiales de desaparecidos durante la dictadura militar no alcanzan a miles de personas. Según una investigación oficial, los desaparecidos -muertos en su mayoría durante los interrogatorios- son 26. Sin embargo, hay miles de denuncias archivadas contra los militares por torturas. Práctica que fue utilizada "en términos generales y sistemáticos", según las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El nuevo presidente contará para su política con un Parlamento a favor. "Afortunadamente, este Gobierno tiene mayoría en las Cámaras y aquí hay una deuda pendiente muy grave, especialmente en lo referido a las torturas", señaló Vivanco, quien advirtió de que Uruguay se encuentra muy retrasado respecto a otros países de la región en lo concerniente a las políticas de derechos humanos. A diferencia de otros países de su entorno, en Uruguay nunca ha habido una revisión judicial de la dictadura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de marzo de 2005