El Gobierno rechaza vincular la financiación catalana al déficit fiscal

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo ayer que Cataluña "necesita más recursos y más autonomía financiera", pero precisó que la reforma de la financiación se debe efectuar sin recurrir al debate sobre el déficit fiscal para no generar agravios entre comunidades. Ante el consenso en Cataluña a favor de un modelo que reduzca el déficit fiscal, rechazó que el límite de la política de redistribución "lo pongan las comunidades ricas".

La parte catalana de la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat cifró hace unas semanas el déficit fiscal en el 7,6% del PIB catalán en el periodo 1986-2001, pese a que ese último año la cifra se elevó hasta el 9,2% del PIB. Tanto el Ejecutivo tripartito como el resto de partidos del Parlamento catalán parten de esa base para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, si bien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, han puesto en duda los cálculos de los expertos catalanes. Sevilla echó ayer un nuevo jarro de agua fría sobre las aspiraciones de los políticos catalanes y explicó que el déficit fiscal "difícilmente puede ser una guía para la toma de decisiones políticas".

El ministro aseguró que la utilización de las balanzas fiscales podría dar pie al uso de otros instrumentos, como la balanza comercial, para fijar los criterios de la financiación autonómica en función de los intereses de cada comunidad. "El sistema tributario y los Presupuestos Generales del Estado no están pensados para después hacer con ellos balanzas fiscales o de otro tipo", dijo.

Jordi Sevilla -que durante su estancia se reunió con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall- impuso varias condiciones al nuevo modelo de financiación que quiere impulsar Cataluña. Para empezar, aseguró que el problema de la financiación o el de la falta de inversión pública en Cataluña "no tienen por qué resolverse dentro del Estatut". Sin embargo, tanto la Generalitat como CiU han reiterado que la financiación será uno de los pilares de la reforma estatutaria.

Sevilla se mostró en todo momento favorable a negociar un nuevo modelo -"los catalanes no piden la luna", argumentó-, pero impuso varias condiciones para obtener luz verde del Gobierno. Ante un nutrido grupo de empresarios reunido en el Círculo de Economía, explicó que el nuevo modelo "debe ser equitativo, tener aplicación general y mantener el principio de la cohesión territorial", lo que presumiblemente dejaría fuera de un acuerdo Estado-Generalitat algunas de las propuestas que ya se han puesto sobre la mesa. Entre ellas, las que preconizan un concierto económico similar al del País Vasco, puesto que no permitirían que el modelo de financiación catalán fuera aplicable a otras comunidades.

Agencia tributaria

Respecto a la posibilidad de que Cataluña reclame una agencia tributaria propia, Sevilla no vio ningún problema siempre que se enmarque dentro de la ley de "agencias compartidas" que elabora su ministerio. El objetivo es que aquellas autonomías que quieran tener un ente recaudador de impuestos "tengan algún tipo de relación" con una agencia central. El Ejecutivo catalán dio ayer un primer paso en este sentido y aprobó un decreto para la puesta en marcha de un programa destinado a la reforma de la Administración tributaria, para impulsar la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña.

En el Parlament, todos los partidos, excepto el PP, criticaron las palabras de Sevilla y defendieron la importancia de las balanzas fiscales. Según el portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, "el conocimiento del déficit fiscal es vital para prever el nuevo modelo de financiación". Añadió que los socialistas catalanes no aceptarán "un modelo que no suponga una reducción significativa del déficit fiscal tal y como lo calculamos".

Desde las filas de CiU, Artur Mas vinculó la continuidad de la "solidaridad" de Cataluña a la publicación de las balanzas fiscales. "No se nos puede pedir que sigamos siendo solidarios si se nos niega la transparencia que supone publicar estas balanzas", dijo. Para ERC, las palabras de Sevilla "son un reflejo de las pocas ganas del Gobierno del PSOE de publicar las balanzas", mientras que ICV destacó su confianza en que Zapatero tenga, en este aspecto, "una opinión distinta a la del ministro Jordi Sevilla".