Medio Ambiente renuncia a aplicar el canon del agua esta legislatura

El Gobierno renuncia a aplicar la ecotasa sobre el agua propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre y que levantó las iras de los regantes. Los secretarios generales de Medio Ambiente y Agricultura anunciaron ayer su intención de estudiar "cuenca por cuenca" cómo gravar el agua pero afirmaron que no se aplicará antes de 2009. El objetivo de la tasa era "incentivar el uso eficiente del agua y contribuir a conseguir los objetivos ambientales".

El aumento del precio del agua ha sido anunciado repetidamente por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como pilar de la "nueva política del agua". La idea es que si el precio del agua no refleja su coste real se desperdicia, especialmente en la agricultura. En noviembre pasado, Medio Ambiente propuso por escrito al Consejo Nacional del Agua gravar todo el consumo de agua según el uso.

El canon propuesto iba desde la milésima de euro por metro cúbico para los cultivos de secano hasta 15 veces más para hoteles, campos de golf y nuevas urbanizaciones. El destino del dinero debía ser "la protección y mejora del dominio público hidráulico [los ríos y los cauces]". La idea no es nueva. Está incluida en la Ley de Aguas de 2001, pero no ha sido desarrollada.

Con la propuesta sobre la mesa, los regantes amenazaron al Ministerio de Agricultura con manifestaciones y éste retiró su apoyo al texto en una reunión el 30 de noviembre, según tres miembros del Consejo Nacional del Agua, un órgano asesor con representación de los ministerios, agricultores, consumidores y ecologistas. El director general de Aguas, Jaime Palop, aseguró entonces que la idea del canon seguía viva. Ayer fue sepultada.

El secretario general de Agricultura, Fernando Moraleda, y el de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explicaron en lenguajes distintos que la ecotasa no se aplicará. "No va a haber aumento del precio. Vamos a estudiar cuenca por cuenca cómo implantar la ecotasa y lo haremos con consenso social", afirmaba Moraleda. "En cualquier caso, la recuperación de costes [de las obras hidráulicas] es un principio que sigue vigente y que el Gobierno acepta", apuntaba Serrano.

Moraleda explicó que en estos estudios en cada cuenca se tendrán en cuenta "no sólo los impactos medioambientales, sino también los efectos económicos y sociales de la aplicación del canon". Según Moraleda, "hay zonas rurales que sufren una despoblación en las que la tasa tendría un efecto negativo". Sobre la aplicación del canon en cultivos de invernadero muy rentables, Moraleda afirmó que "puede afectar a las exportaciones y el empleo".

Así, los ministerios estudiarán en cada cuenca, y según el uso, cuál es el coste del agua y cuánto se paga. Con el trabajo, el Gobierno decidirá en 2009 si aplica el canon y cómo. La Directiva Marco del Agua obliga a tener en cuenta la repercusión de costes de las obras hidráulicas en el precio del agua en 2010. Moraleda explicó que se eximirá de cumplir la directiva a los cultivos menos rentables, donde el agua podría bajar de precio.

Los regantes son los más afectados porque el 78% del agua se gasta en regadíos. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estimó que la ecotasa supondría 26,8 millones de euros para los regantes.

Fenacore aplaudió ayer la retirada del proyecto. Serrano explicó que actualmente el agua del grifo cuesta "menos de dos euros por persona a la semana" y afirmó que el canon tendría "una repercusión marginal". La repercusión de costes se hará en las nuevas obras.

El portavoz de Ecologistas en Acción y miembro del Consejo Nacional del Agua, Santiago Martín Barajas, afirmó que "el Gobierno se ha plegado a los intereses de los regantes en contra de la mayoría de la sociedad".