El Gobierno replica a la Iglesia que ningún otro país la financia tan generosamente

La irrupción del Papa en la política española, con severas censuras al Gobierno socialista, provocó ayer una catarata de comentarios, en su mayoría críticos o irónicos. Pero no por eso cesó en Roma el ruido de sotanas, pues Juan Pablo II sigue despachando con el episcopado español, de visita ad limina en el Vaticano. Ayer le tocó el turno, entre otros, al primado de España y arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que ahondó en las arremetidas del Pontífice del día anterior. El Gobierno replicó a la jerarquía del catolicismo pidiendo respeto. No existe ningún otro país en el mundo donde haya una financiación "tan generosa" a la Iglesia católica con cargo a los presupuestos del Estado, afirmó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

Juan Pablo II dijo el lunes ante el primer grupo de los obispos españoles que rinden visita estos días al jefe del Estado vaticano, que no se pueden arrancar las raíces cristianas de España ni cercenar la libertad religiosa, y que los padres tienen derecho a elegir la enseñanza religiosa para sus hijos. También aludió el pontífice católico a la crisis industrial que sufre España, e incluso al polémico reparto del agua entre regiones. Ayer tocó el turno a las réplicas, que llegaron desde todos los sectores.

Desde el Gobierno socialista, objeto principal de las censuras, se sucedieron las reacciones durante toda la jornada. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, del que depende la dirección de los asuntos religiosos, replicó que a la Iglesia católica "se le escucha desde siempre y se le atiende". "Lo han hecho anteriores gobiernos, lo está haciendo éste y lo seguirá haciendo", dijo minutos después de presidir la constitución de la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada para financiar proyectos de las religiones musulmana, protestante y judía, que, con la católica, tienen el carácter legal de "notorio arraigo".

"En España hay una importante atención a la Iglesia en la legislación civil y en el sistema educativo y, desde luego, está plenamente garantizado el derecho de los padres a que sus hijos obtengan una enseñanza religiosa acorde con sus creencias. Pero el Gobierno hace su trabajo y está desarrollando sus compromisos ante la ciudadanía como en cualquier sociedad democrática, libre y abierta", dijo el ministro de Justicia. También señaló que no existe ningún otro país en el mundo donde haya una financiación "tan generosa" a la Iglesia católica con cargo a los presupuestos del Estado, que para este año supondrá casi los 150 millones de euros.

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas y miembro, como López Aguilar, de la Ejecutiva del PSOE, acudió a la ironía para rechazar las críticas eclesiásticas. "Hay que dar un poquitín más de tiempo a la Iglesia para ver si hay alguna rectificación", dijo respecto a las manifestaciones sobre que en España se está promoviendo un desprecio por la religión.Y el titular de Defensa, José Bono, católico confeso, se acordó de pasadas inquisiciones, informa Soledad Alcaide. "Para mí el Papa es una referencia de respetabilidad moral, aunque no significa que esté de acuerdo con todas las manifestaciones que ha hecho. Querer culpar al Gobierno de la ola de laicismo es una exageración y una falsedad. Se acabó el brazo secular al servicio de posiciones intransigentes o inquisitoriales. Como cristiano quiero pertenecer a una Iglesia donde el mandamiento principal sea el amor, y no la condena, la intransigencia o la vía inquisitiva para imponer determinados criterios", subrayó Bono.

Los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE, Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, también entraron en el tema, con posiciones opuestas. Zaplana pidió "el máximo respeto" para las "opiniones políticas" de Papa. "Su Santidad se ha manifestado en reiteradas ocasiones, y no siempre en una línea que, entre comillas, podía estar en consonancia con las posiciones del PP", explicó Zaplana, en referencia a la oposición del Papa a la invasión de Irak que, sin embargo, sí apoyó el Gobierno del PP.

Denuncia del concordato

El socialista Pérez Rubalcaba calificó, en cambio, de "injustas y desmesuradas" las críticas y añadió que, en algún caso, como en las referencias papales al plan hidrológico, esas censuras están "fuera de lugar". "A quien le pasó el guión, se le fue un poco la mano, parece que el Papa habla en nombre de un partido que lleva las dos pes también. Ni Madrid es Sodoma y Gomorra, ni en España se persigue a nadie por manifestarse religiosamente", explicó en alusión a las declaraciones del cardenal de Madrid, Rouco Varela, de que en la capital se peca "masivamente".

Los socios parlamentarios del PSOE también enjuiciaron las críticas de la jerarquía católica al Gobierno de Rodríguez Zapatero, reclamando a éste, incluso, la denuncia del concordato que regula las relaciones entre España y el Estado de la Santa Sede. Lo pidió el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds en el Parlamento catalán, Joan Boada, que calificó las palabras del Papa de "intolerable interferencia en la vida de los españoles", y reclamó "valentía" al Gobierno para que "revise el obsoleto concordato" con la Santa Sede, que raya la inconstitucionalidad, según Boada. "Es reprobable que desde otro Estado, como es el Vaticano, se critique la política del Gobierno español", añadió.

Josep-Lluís Carod-Rovira, presidente de ERC, el segundo soporte parlamentario del Gobierno del PSOE, lamentó que Juan Pablo II interfiera en "asuntos de Estado" [en referencia al reparto del agua entre regiones], y dijo que "posiblemente" el PP ha hecho llegar "su influencia más allá de lo que sería deseable". "Curiosamente, estas implicaciones coinciden con un determinado posicionamiento político de un partido que tiene en su seno a la derecha y a la extrema derecha, como es el PP", declaró Carod-Rovira a la agencia Efe.