Treinta yacimientos arqueológicos anegados

La presa de Bernardos no sólo iba a dañar el medioambiente sino que amenazaba con destruir restos arqueológicos de gran valor. El catedrático de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco, Juan Santos Yanguas, natural de la zona afectada, sostuvo que los yacimientos arqueológicos que quedarían anegados superarían la treintena, datados desde el neolítico hasta época contemporánea.

La Junta de Castilla y León pagó a tres arqueólogos para investigar las zonas que iban a quedar anegadas. Como resultado de su trabajo, en el expediente alegaron contra la obra. Entre los restos hay una villa romana de gran valor.

La crítica de los arqueólogos se sumó a la movilización que ayuntamientos y colectivos vecinales organizaron cuando la Confederación Hidrográfica del Duero desempolvó el proyecto de la presa en el río Eresma. La salida a información pública de la futura obra originó una rápida respuesta que en sólo dos meses lograron recoger cerca de 2.000 alegaciones al proyecto.

En la protesta participaron varios alcaldes de la zona, del PP, del mismo color político del Gobierno que pretendía aporbar el Plan Hidrológico Nacional. Estos regidores creían que la obra iba a dañar bosques centenarios y fauna amenazada, así como a yacimientos paleontológicos y arqueológicos romanos, aparte de arquitectura rural.

Más tibieza mostraron instituciones regionales y provinciales dirigidas por el PP que, sobre todo de puertas para adentro, criticaban la idea, pero siempre mantenían que se debía regular el río en esa zona, aunque con menos hormigón. La Junta de Castilla y León, con todo, concluyó en un informe que no se observaba con claridad la eficacia de la presa.

En agosto de 2002, un millar de vecinos de la zona se concentraron junto a la casa forestal de Soto de Añe, uno de los puntos de gran valor natural que iba a quedar bajo las aguas. Estaba en peligro su medio de sustento ya que muchos se veían obligados a abandonar sus actividades agrícolas y ganaderas, aparte de que algunas familias perderían viviendas, como una docena de inmuebles del núcleo de La Estación de Yanguas de Eresma.

Para el entonces alcalde popular de Añe, Jesús María Llorente, todo el sacrificio que se pedía a la zona era debido a una mala gestión del agua en la provincia vallisoletana, temiendo además el principal objetivo del embalse fuera el aprovechamiento hidroeléctrico y no el regadío.