Zapatero inicia esta semana la ofensiva política en Euskadi contra el 'plan Ibarretxe'

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, iniciará el próximo fin de semana una ofensiva política en el País Vasco contra el plan Ibarretxe, con su participación en, al menos, media docena de actos antes de las elecciones vascas de la próxima primavera. Zapatero, el pasado 30 de diciembre, una vez aprobado el plan Ibarretxe en la Cámara de Vitoria, constituyó con carácter de permanencia una "célula de crisis", integrada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba; el secretario de Organización socialista, José Blanco, y el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López.

El Gobierno decidió que el desafío del 'lehendakari' no paralizará ni la reforma constitucional ni las estatutarias

El jefe del Ejecutivo acudirá a Euskadi al menos seis veces en los próximos tres meses para hablar del futuro vasc

La vicepresidenta coordina la respuesta al plan junto a Jordi Sevilla, José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Patxi López

Jordi Sevilla: "No por gritar más se es más eficaz. Al contrario, se es menos"

Esos dirigentes se venían reuniendo desde hace meses para seguir de cerca la evolución del plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto de Cataluña, con la participación, asimismo, de representantes del PSC. La "célula de crisis", cuyos integrantes mantienen una comunicación más estrecha desde la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, ha planificado su respuesta a ese proyecto en los diez últimos días así como la estrategia ante el futuro. Desde ella se ha optado por una "respuesta serena y graduada", que "parte de la experiencia pasada", en la que "prima la respuesta política, sin descartar las medidas jurídicas, en función de los acontecimientos".

La "célula de crisis" también ha decidido que el plan Ibarretxe "no suponga la paralización de las reforma constitucional y estatutaria previstas" en la legislatura, y anunciadas por el presidente en el debate de investidura, para "no repetir el error de José María Aznar que, tras el pacto de Lizarra, de 1998, suscrito entre el PNV y Batasuna, con el apoyo de ETA, paralizó su estrategia territorial, como su previsión de reforma del Senado".

Zapatero iniciará el próximo sábado su ofensiva política, con presencia en el País Vasco, con la participación en el acto de apertura de la convención municipal de todos los alcaldes socialistas en San Sebastián (Guipúzcoa). En ese acto municipalista, que clausurarán el día 16 el ministro de Administraciones Públicas y el secretario general del PSE, Rodríguez Zapatero dirigirá un "importante mensaje" a la sociedad vasca en respuesta al plan Ibarretxe.

En semanas posteriores, hasta el mes de abril, el jefe del Ejecutivo viajará al País Vasco y participará en, al menos, media docena de actos: con motivo de la campaña del referéndum de la Constitución europea; la clausura de la Conferencia Política del PSE, y la intervención en la Fiesta de la Rosa. Además, tiene previsto intervenir en tres actos, por lo menos, en la campaña de las elecciones autonómicas vascas, cuyos comicios se celebrarán entre finales de abril y primeros de mayo.

El apoyo de Batasuna al plan Ibarretxe, que fue decisivo para que el Parlamento vasco sacara adelante dicho plan el pasado 30 de diciembre, no sorprendió al secretario general del PSE, Patxi López, dado que dos semanas antes Batasuna permitió con sus votos, en la comisión parlamentaria, que dicho plan pasara a debatirse en el pleno de la Cámara vasca.

Patxi López así se lo advirtió a Zapatero y a sus compañeros de la "célula de crisis". Pero tanto Zapatero como la mayoría de los otros integrantes confiaron en que, si se producía ese voto de apoyo de Batasuna, el lehendakari Ibarretxe cumpliría su palabra y retiraría su plan, como había anunciado reiteradas veces.

Fue también Patxi López, quien pidió a Zapatero y al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la misma tarde del 30 de diciembre, en sendas conversaciones telefónicas, que el Gobierno no tomara "decisiones precipitadas", como el recurso al Tribunal Constitucional, y que la primera reacción al desafío del lehendakari se moviese en el terreno político. El dirigente socialista vasco también recomendó que la respuesta del Gobierno al plan tuviera presente, en todo momento, su efecto en la opinión pública vasca y, sobre todo, que "no incurriera en los errores de José María Aznar de fomentar el victimismo nacionalista de Ibarretxe".

La petición de López fue tenida en cuenta por ambos. Jordi Sevilla, en la primera declaración institucional del Gobierno en respuesta a la aprobación del plan en el Parlamento vasco, que leyó en la Delegación del Gobierno en A Coruña, donde se encontraba la noche del 30 de diciembre, defendió que el plan tenía que ser rechazado desde el "debate político", sin aludir para nada al posible recurso de inconstitucionalidad. También aseguró el ministro desde un principio, para tranquilizar a la ciudadanía, que el plan Ibarretxe no tenía absolutamente "ninguna posibilidad de prosperar".

La decisión de que la primera respuesta al plan la diera un ministro y no el presidente del Gobierno fue tomada por Rodríguez Zapatero sobre la base de que "la batalla contra el plan Ibarretxe va a ser larga; va a tener, al menos, un año de duración".

Esa misma filosofía es la que ha impregnado la "estrategia pautada" del Gobierno y del PSOE que fue diseñada, con más claridad, en la reunión celebrada el pasado día 3, en el Ministerio de Administraciones Públicas. Participaron en ella María Teresa Fernández de la Vega, Sevilla, Pérez Rubalcaba y Blanco, en permanente contacto con Zapatero, que se encontraba en Sevilla, y con los dirigentes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares. Zapatero hizo una declaración en Sevilla y, tras confirmar que la siguiente semana se reuniría con Ibarretxe, a petición de éste, le advirtió públicamente de que "fuera de la Constitución no cabe nada".

En la reunión del día 3, ministros y dirigentes socialistas coincidieron en que sería "repetir el error de José María Aznar" precipitarse con un recurso contra el plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional. Varios ministros hicieron consultas en medios próximos al alto Tribunal y concluyeron que un recurso presentado ahora sería rechazado, como lo fue el que planteó el Gobierno de Aznar, hace año y medio, cuando el proyecto de nuevo Estatuto fue aprobado por el Gobierno vasco a finales de 2002.

Sin embargo, dicho recurso no quedó descartado para el futuro. Hubo unanimidad en considerar que si Ibarretxe, una vez rechazado su plan en el Congreso de los Diputados, previsiblemente en marzo, no asume el resultado y retoma el proyecto, sería el momento de plantear el recurso de inconstitucionalidad, porque "entonces el lehendakari incurriría en una vulneración de la ley", según Jordi Sevilla.

En dicha reunión, ni se consideró la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de un autogobierno, en este caso el vasco. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que hace tiempo exploró sus posibilidades y plasmó las conclusiones en un texto, tampoco lo considera "en esta fase del conflicto existente con el plan Ibarretxe".

Pero en la reunión del pasado día 3, los ministros y dirigentes socialistas se centraron en la respuesta inmediata de rechazo al plan Ibarretxe que los reunidos decidieron por unanimidad materializar en el Parlamento. Acordaron que el plan se debe rechazar en el Congreso de los Diputados, después de un debate en el que cada grupo parlamentario explique su posición. Para ello, la Mesa del Congreso tiene que admitir la iniciativa para su debate en pleno. "La primera respuesta de rechazo al plan debe ser política. La respuesta jurídica debe venir después, si la política no es suficiente. Es algo que la opinión pública entiende mejor. No por gritar más se es más eficaz. Al contrario", sostiene el ministro Jordi Sevilla.

De la reunión también salió una previsión de calendario: la Mesa del Congreso del podría dar vía libre el próximo día 18 al plan Ibarretxe para que se debata y rechace en el primer pleno de marzo, ya que en febrero el protagonismo político corresponderá a la campaña del referéndum sobre la Constitución europea.

Pero en la reunión del pasado día 3 se decidió algo más: la continuidad del proceso de reforma constitucional y estatutarias a la que Zapatero se comprometió en su debate de investidura. "Una vez más, se trata de no volver a repetir los errores que cometió Aznar que, en 1998, cuando el PNV y Batasuna, con el respaldo de ETA, firmaron el Pacto de Lizarra, pegó carpetazo a su política territorial y renunció a su prometida reforma del Senado", señala Jordi Sevilla.

Los ministros y dirigentes socialistas coincidieron en que, pese a las primeras apariencias, el plan Ibarretxe no tenía por qué influir y radicalizar el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña. "El plan Ibarretxe está sirviendo de reflexión en Cataluña, porque fija los límites a la reforma", explica Sevilla, que recuerda la reacción del presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, al declarar: "No vamos a pedir la luna a Zapatero".

El pasado martes, en una reunión en Madrid entre el ministro de Administraciones Públicas y el conseller de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, decidieron una actuación coordinada en el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña. En el Gobierno y el PSOE también hubo unanimidad en considerar que el PP, previsiblemente, "en vez de apoyar al Ejecutivo, aprovecharía la situación para tratar de desestabilizar a Zapatero".

El presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene previsto conversar hoy con el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, a fin de acordar la fecha en que éste le entregará en persona el texto del proyecto de reforma del Estatuto vasco para que comience su tramitación en la Cámara baja.